Carlos Águila Arreola
Foto: Israel Mijares
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Martes 6 de noviembre, 2018

En América Latina y el Caribe se ha duplicado extracción de agua a una velocidad mayor al promedio mundial; el 14 por ciento de la degradación de suelos, una tasa de deforestación de 2.2 millones de hectáreas por año de 2010 a 2015, y 70 por ciento del cambio de uso de suelo por actividades agrícolas y ganaderas. De esa manera, ambas regiones tomaron el liderazgo para marcar una hoja de ruta que tiene como meta el uso sostenible y eficiente de recursos naturales, la biodiversidad y ecosistemas mediante el Plan Regional sobre la Integración en los Sistemas de Producción Alimentario.

El plan, que contará con el acompañamiento técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), busca revertir las tendencias regionales que han acompañado a la expansión de la producción agropecuaria, como el uso intensivo de insumos, la degradación de suelos, la pérdida de biodiversidad y la deforestación.

Además de la extracción de agua, la degradación de suelos y la deforestación, la cubierta por ecosistemas forestales desde 1990 se ha reducido nueve por ciento; además, las actividades agrícolas y ganaderas son responsables de aproximadamente 70 por ciento del cambio de uso de suelo.

“El Plan Regional tiene un enfoque de manejo del paisaje, control de la contaminación del agua y el suelo, la disminución del uso de insumos agrícolas contaminantes, la conservación y el fomento a la diversificación productiva de variedades locales”, mencionó.

También “la valoración y el uso del conocimiento tradicional ligado a las prácticas productivas, y a los esquemas productivos alternativos que favorezcan la producción sostenible de alimentos diversos y nutritivos”, de acuerdo con Hivy Ortiz Chour, oficial regional forestal de la FAO para América Latina y el Caribe.

Al mismo tiempo, el plan contempla líneas de acción en aspectos como la forma en que se producen y consumen los alimentos, la innovación de políticas públicas para hacer frente a los desafíos en materia de biodiversidad, la identificación e implementación de buenas prácticas, gobernanza intersectorial.


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