Texto y foto: Roger Mora
La Jornada Maya

Tulum, Quintana Roo
Miércoles 24 de octubre, 2018

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ha usufructuado beneficios económicos de apoyos internacionales que vienen aparejados con la conservación al ambiente y que no llegan a las comunidades y zonas como el Parque Nacional Tulum (PNT), acusó el biólogo Rubén Presuel, experto en el tema de las Áreas Naturales Protegidas (ANPs).

La falta de un consejo que determine el plan de manejo del PNT no es más que un fallo de las autoridades hacia el sector empresarial y pesquero, así como de los propietarios de estos predios ubicados en el ANP, para que únicamente unos cuantos como el director de este espacio, se beneficie con la imposición de sus reglas, añadió el biólogo.

Cuando se confunde sustentabilidad con no poder hacer absolutamente nada, se crean conflictos con los dueños de las tierras, quienes son los que cuidan esas propiedades y difícilmente atentarían contra ella.

Expresó que es muy notoria la falta de coordinación institucional de los órdenes de gobierno, quienes deben de tener un convenio de participación con la ciudadanía, porque es muy visible que el PNT no tiene programa, reglas claras y no existe un consejo que haga factible ese espíritu de conservación del sitio.

El caso del Parque Nacional Tulum, es un caso especial, porque se puede decir que quedó dentro de la marcha urbana, con una parte de playa que pudiera entenderse que es de uso público y donde hay territorios con uso del suelo y tenencia de la tierra, además si bien hay Áreas Naturales Protegidas y zona de monumentos arqueológicos, también existen una serie de propiedades que se acreditan como privadas, y es ahí que debe haber un plan de manejo que se contempla en la ley.

“No se trata de dar marcha atrás a los parques nacionales y áreas protegidas, sino que se trata de ir hacia delante con la participación ciudadana, para hacer un modelo comunitario donde los verdaderos dueños de las tierras podrán trabajarla sin contar con la participación de la Conanp”, estableció.

“Los decretos y las leyes son acuerdos de voluntades, y hay voluntad de los propietarios de cuidar su patrimonio, pero existe poca sensibilidad de la autoridad federal al imponer un decálogo de prohibiciones, a una tierra que genera un aprovechamiento sustentable y que es un patrimonio de la gente local”, puntualizó.

Dijo que los planes de manejo se deben actualizar, también los decretos tendrían que ser replanteados, caso concreto en lo que sucede en Kantunilkín, donde los ejidatarios del núcleo agrario de Chiquilá, por ejemplo esperan que la autoridad judicial tenga los elementos suficientes para dictar un fallo razonable y todos están convencidos que no es un decreto de imposición como lo hace la Conanp, en la forma de operar las tierras de los propietarios.

Finalmente dijo que en Tulum, se tiene que ver la evaluación y monitoreo que debe tener el PNT, es ahí donde se responde toda la serie de dudas e incertidumbres que los empresarios, operadores y propietarios de los predios tienen.


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