Carlos Águila Arreola
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Martes 28 de agosto, 2018

Los megaproyectos como gasoductos, termoeléctricas, acueductos, represamiento de ríos y supercarreteras ya construidos o en ejecución, deberán ser cancelados porque no tienen la anuencia de las comunidades afectadas o que se afectarían, señaló Rogel del Rosal Valladares, asesor de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas.

Durante el IV Encuentro Regional de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, que se realizó el fin de semana pasado en San Luis Potosí, el líder indígena dijo que la decisión no sólo es para la Huasteca, “tiene alcance nacional”, aseguró.

El 25 de agosto, cinco mil personas se reunieron en el ejido Chimalaco, municipio de Axtla de Terrazas, para determinar acciones frente a las amenazas de implantación de proyectos de hidrocarburos y otros megaproyectos asociados que provocarían la devastación de ecosistemas y harían inviable las actividades económicas, productivas y sociales.

Autoridades comunitarias, de organizaciones sociales de diversas trayectorias, organismos de la sociedad civil de los 18 municipios de la Huasteca potosina y de la capital, e incluso de Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas, así como investigadores y académicos, coincidieron en impulsar la prohibición del fracking por ley, y la derogación de la reforma energética.

Durante el evento, los asistentes se pronunciaron por la revisión de los contratos petroleros que afectan sus territorios, y su cancelación por no ser producto del consentimiento previo, libre e informado que mediante consulta las comunidades indígenas tendrían que otorgar.

También se acordó por unanimidad impulsar la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, de conformidad con el artículo 4º de la Constitución federal, que garantice el derecho humano al agua, para los ecosistemas, para la soberanía alimentaria y la creación de un Consejo Nacional de Aguas y Cuencas, así como la prohibición del uso del agua para el fracking y proyectos devastadores del ambiente.

Lo último implica la desaparición de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que ha sido un organismo ineficaz para la buena gestión del vital líquido y que hoy se ha constituido en un instrumento de intereses particulares y de las trasnacionales que buscan su privatización, sostuvo Del Rosal Valladares.

Por último, la asamblea abordó la necesidad de construir, desde abajo y mediante asambleas comunitarias y municipales, “un plan de desarrollo regional sustentable y con identidad cultural que permita superar los grandes rezagos en educación, salud, vivienda, caminos, producción, mercados locales y regionales, entre otros”.

Se insistió en que los actuales encargados de asuntos indígenas a nivel federal, estatal y municipal están completamente desvinculados de la problemática regional e indígena, y sólo están por amiguismo y recibir un sueldo.

“Las representaciones indígenas y de programas federales no deben ser coto de poder de unos cuantos; más bien, deben ser producto de la anuencia social”, señaló Gabino Morales Mendoza, coordinador de Programas Federales del gobierno entrante.


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