Carlos Águila Arreola
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Martes 17 de abril, 2018

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) solicitó al gobierno de Quintana Roo considerar un modelo de videovigilancia colaborativa para instalar tres mil cámaras en la entidad.

La oferta incluye enlazarlas al anunciado proyecto del C5 (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto), dio a conocer Marco Erosa Cárdenas, vicepresidente sur-sureste de la Canieti, quien comentó que se trata de una tendencia mundial, que consta de miles de cámaras en las calles, plazas públicas y el subterráneo (Metro).

Hasta ahora, los equipos de seguridad en funcionamiento los aportan los gobiernos con financiamiento público; sin embargo, la tendencia es sumar a las cámaras de vigilancia policiacas, equipos particulares para que se enlacen a los centros de comando y seguridad de los distintos gobiernos.

“Eso significa que si alguien tiene un negocio, un hotel, plaza comercial o un restaurante, puede elegir invertir en las cámaras y estar conectado al sistema de videovigilancia del gobierno”, detalló.

De acuerdo con Erosa Cárdenas, ese hecho resulta particularmente importante porque entre más ojos tengan los gobiernos para reaccionar más rápido ante la delincuencia, es mejor por un lado, y por otro es un modo muy eficiente de garantizar la cadena de custodia.

“Yo puedo tener mi sistema de videovigilancia en mi negocio, pero si un día se comete un delito en el lugar, aunque yo lo grabe es difícil poder comprobar en un juicio que ese video no fue manipulado. A un juez le cuesta mucho trabajo condenar a un presunto delincuente a partir de esas pruebas.”

El empresario explicó que muchas veces el material videográfico es desechado porque no cumple con la cadena de custodia requerida por la ley.

Sin embargo, mediante la videovigilancia colaborativa el material se puede compartir en tiempo real con los cuerpos de seguridad, y cuando hay un delito el juez podría pedir los videos a la policía, que tiene asegurada la cadena de custodia.

“Obviamente, integrar una cámara particular al centro de comando policiaco requiere de una estricta normatividad que estamos pidiendo se genere desde el gobierno estatal para saber qué tipo de equipos son viables para monitoreo, con qué características y conectividad y cuál es el protocolo y metodología de seguridad que deben cumplir los particulares”, comentó.

La expectativa de Marco Erosa es que se haga un modelo híbrido desde la videovigilancia colaborativa en la que convivan las cámaras privadas y oficiales para sumar esfuerzos en materia de seguridad pública.


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