Roger Mora
Foto: Infoqroo
La Jornada Maya

Tulum, Quintana Roo
Miércoles 21 de marzo, 2018

Miembros de la dirección Promoción Turística de Tulum A.C. pidieron investigar a las autoridades sobre el cobro que se realiza por el derecho de “publicidad y promoción turística” a través de la tesorería municipal y que, de acuerdo con la asociación Transparencia por Quintana Roo, no cuenta con un sustento.

Dicha asociación civil señala que con base en el artículo 86 de la ley de Hacienda del Municipio de Tulum, no debe ser un requisito para poder contar con una licencia o renovación de ésta.

Manuel Rodríguez, representante de la asociación civil, señaló que este cobro genera malestar entre los empresarios, pues no hay promoción y publicidad turística del por lo menos 70 por ciento de los comercios a los que se le cobra el incentivo, y señalan que es responsabilidad de la comuna realizar esta acción, sin condicionar y mucho menos exigir algo que no se enmarca en los artículos de la ley de Hacienda Local.

Mencionó que el cobro de este tipo no se había llevado a cabo y es considerado como dañino para los inversionistas, quienes no terminan de pagar y pagar ante las distintas estancias, municipales y nunca mejorar en infraestructura lo cobrado, donde refirió que la industria del hospedaje paga a nivel estatal un porcentaje destinado a la promoción turística que pasa a través de la Recaudadora de Rentas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Ahí, “nos dijeron que el concepto ya se paga a través de las licencias de funcionamiento que tenemos y que va legalmente estipulado y por lo consiguiente no le veo el caso de por qué el municipio pretende anexarles este concepto a sus cobros de derecho”.

Además, dijo que en ningún momento se hicieron públicas las acciones que la comuna iba a realizar. Al pagar, ya venía anexado el cobro de derecho de “publicidad y promoción turística”.

Dijo que ahora están dispuestos a desmembrar cómo fue que se llegó a la conclusión de realizar este cobro.

Finalizó exigiendo a las autoridades estatales investigar a los funcionarios de la comuna que se prestaron para poder emitir este concepto y que, sin pasar ante las estancias pertinentes, ya se exige y aplica al sector comercial.


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