La Jornada Maya
Foto: Twitter @Ferromex
Mérida, Yucatán
Jueves 12 de diciembre, 2019
La Consulta Indígena del Tren Maya no cumple los principios del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes con base en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por lo que el cumplimiento de su proceso no está garantizado, asegura el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
Tras haber documentado lo sucedido en las Asambleas Regionales realizadas el 30 de noviembre en Quintana Roo y Campeche, el Consejo da a conocer mediante un comunicado que la consulta no realizó una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, no sólo enunciativamente, sino en los hechos; constituyendo una violación a los derechos de las comunidades del pueblo maya, quienes mediante demandas de amparo podrían promover su judicialización.
La información proporcionada a las autoridades comunitarias, en la fase mencionada, “no sólo fue insuficiente y parcial, sino sesgada, al omitir componentes necesarios para su real análisis y deliberación, en un tiempo muy reducido, sin contar con que la convocatoria de participación en las Asambleas excluyó al resto de las comunidades, centrándose en sus representantes, casi nunca autoridades indígenas”, señala el documento.
El boletín, firmado en el municipio de Bacalar puntualiza una serie de irregularidades en la primera fase de la consulta:
El gobierno federal no está buscando el consentimiento previo de los pueblos originarios, sobre la ejecución del megaproyecto del Tren Maya, sino únicamente “conocer sus opiniones”, de acuerdo con la información oficial hecha pública y a lo explicado durante las Asambleas Regionales de carácter informativo del 29 y 30 de noviembre, lo que viola la libre determinación del pueblo maya.
La Consulta Indígena incumple el principio de "informada", toda vez que la información disponible no ha permitido ni el análisis, ni la comprensión de las afectaciones de este megaproyecto sobre los territorios y la vida de las comunidades indígenas. La información ofrecida por la autoridad a cargo, en las 15 Asambleas Regionales, se limitó a caracterizar de manera general el proyecto ferroviario y a recalcar sus beneficios promocionales, en completa ausencia de estudios de impacto.
Fue nula la información sobre los “polos de desarrollo”, como nombran a las más de siete ciudades de 50 mil habitantes que el gobierno y el capital privado buscan crear en la Península de Yucatán, causales históricos del despojo de tierras comunitarias, del aumento de la demanda de servicios y sus costos de acceso, de la inseguridad y del desplazamiento forzado de personas y pueblos.
La información sobre los mecanismos Fibra, a través de los cuales el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) Tren Maya pretende que los ejidos aporten la tierra para la inversión inmobiliaria y la construcción de los polos de desarrollo.
La Consulta Indígena incumplió los principios de "libre", "informada" y "culturalmente adecuada", al convocar como representantes de la comunidad sólo a las autoridades agrarias y locales, lo que inhibió la asistencia del resto de la comunidad, limitando su derecho porque de acuerdo con el estándar internacional, son las propias comunidades las que deben designar y asignar sus representaciones para este tipo de ejercicios.
La participación exclusiva de las autoridades agrarias y locales en el proceso de Consulta Indígena cierra la posibilidad de considerar las necesidades e intereses de muchos otros grupos nos representados localmente, como las juventudes, las mujeres y demás personas sin derechos agrarios, asegura el comunicado.
La Consulta Indígena incumple el principio de "culturalmente adecuada" desde su organización, pues el Protocolo correspondiente fue diseñado por autoridades de gobierno, más no por las comunidades conforme a sus necesidades, formas de organización y deliberación; las asambleas informativas fueron en los sitios designados por el gobierno mexicano, en fechas y horarios elegidos por las autoridades federales.
Contaron con un traductor o traductora, en varios casos se limitó a la lectura de los folletos sobre el proyecto y el protocolo de la consulta, en otros donde la traducción pretendió ser simultánea, resultó vaga, sin asegurar una interpretación adecuada de la información.
Tampoco se le informó a las autoridades comunitarias que el megaproyecto no ha sido sometido al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA), previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa), para conocer las afectaciones, no sólo por la colocación de vías del ferrocarril sino además por el impacto de las 18 estaciones y los “polos de desarrollo” programados.
Por ello, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible se dice alarmado por el “manejo confuso y manipulador de la información, las manifestaciones opresoras y diacrónicas de los funcionarios de gobierno en torno a este proyecto, la mirada colonizadora y su avanzada masiva encarnada en todas las secretarías de gobierno juntas, cooptando y desbalanceando cualquier posibilidad de diálogo real con los actores locales”.
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