Joana Maldonado
Foto: Captura de pantalla
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Domingo 16 de febrero, 2020
Pese a que la denominada Ley Olimpia está aprobada en varios estados del país, la XVI Legislatura de Quintana Roo todavía no analiza la propuesta. Mientras eso pasa, aumenta el número de mujeres víctimas de violencia digital, en lo que se ha llamado pornovenganza o sextorsión.
Desde octubre de 2019, todos los grupos parlamentarios presentaron ante la Oficialía de Partes del Congreso del estado una iniciativa para adicionar un capítulo sobre violencia digital al Código Penal y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, basada en la iniciativa del Frente para la Sororidad de 2014.
La iniciativa, que fue turnada a comisiones, plantea que las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC’s) son utilizadas también para vulnerar la intimidad de las personas. Estas conductas hacen referencia a la acción de divulgar o popularizar contenido de naturaleza sexual o pornográfica de una persona, independientemente de si existe consentimiento por parte de la persona afectada.
En Chetumal, particularmente mediante la cuenta en Twitter @metoochetumal, se han exhibido espacios en redes sociales que anuncian “intercambios de packs o venta” y denunciado directamente a personas “por estafar a chavas de secundaria, a quienes les piden packs”.
“A mi prima le pidió y anda estafando a varia gente [sic] ya que van varios camaradas que les ha quitado su dinero (…) se llama Luis C., muchos lo conocen como lord en Chetumal, ya tiene tiempo que anda haciendo eso”, señala una de las publicaciones.
En 2017, a propuesta de la diputada Candelaria Ayuso, el Congreso aprobó tipificar el acoso cibernético o grooming como delito, pero no incluyó la difusión de imágenes sexuales.
En 2018, el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio también presentó una iniciativa para reformar el artículo 194-Bis del Código Penal, denominado “Delitos contra la Imagen personal” y anexar “delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad y la imagen de las personas”, cuyo objeto era tipificar conductas antisociales a través de las TIC’s, que vulneran la intimidad de las personas y quebrantan su dignidad. Sin embargo, ésta fue congelada.
La iniciativa más reciente fue presentada en octubre pasado. Se funda en los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen e incorpora un capítulo sobre violencia digital.
La denominada Ley Olimpia ya ha sido aprobada al menos en siete estados del país y en Quintana Roo se propone hasta seis años de prisión y 500 días de multa “a quien difunda, revele o publique contenido audiovisual, grabaciones de voz o imágenes estáticas o en movimiento de naturaleza sexual o erótica de otra persona mayor de edad sin su consentimiento a través de cualquier tecnología de la información o cualquier otro medio digital o impreso”.
Propone también incrementar al doble estas sanciones, si el sujeto activo persigue fines de lucro, es cónyuge, concubino o haya mantenido una relación afectiva o de confianza con la víctima, o cuando ésta sea una persona con discapacidad.
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