En Quintana Roo se busca reformar el Código Penal para incluir los crímenes de odio como un agravante en el delito de lesiones y homicidios ocurridos en contra de cualquier persona cuando exista encono por condición social, económica, origen étnico, lengua, religión, características sexuales e identidad sexual, estado civil, entre otros. La iniciativa fue presentada por Edgar Gasca Arceo, diputado de Morena.
El también presidente de la comisión de salud del Congreso del Estado, presentó la propuesta en octubre de 2020, misma fue turnada a la comisión de justicia para su análisis y en su caso, aprobación. El legislador indicó que sólo esperan ser convocados para iniciar el análisis de las reformas planteadas a los artículos 103 y 106 del Código Penal del estado.
En la exposición de motivos, el diputado recurre a la gran pluralidad que existe en Quintana Roo y acota que se observa con preocupación en el entorno social un discurso de odio en todos los ámbitos de la vida en comunidad, y especialmente en las redes sociales y el Internet con motivo del crecimiento de las tecnologías de la información.
En la iniciativa se cita, por ejemplo, los delitos cometidos con violencia extrema en contra de miembros de la comunidad LGBTTTI; de acuerdo con el informe del 2013-2018 de “Letra eSe”, siete estados concentran casi la mitad de los asesinatos LGBTTTI: el primero es Veracruz, con 43, seguido por Guerrero, con 39; Quintana Roo, 33; Estado de México, 30; Chihuahua, 28; Puebla, 27 y Tamaulipas, 25.
Acota también que los patrones de violencia se dan en función de la identidad sexual y de género de las víctimas. La mayoría de los cuerpos de los hombres homosexuales fueron encontrados en sus domicilios con múltiples heridas provocados por objetos punzocortantes o asfixiados, y los cuerpos de las mujeres trans fueron encontrados en la vía pública, en lotes baldíos, con heridas provocadas por armas de fuego o punzocortantes.
“Los números para Quintana Roo en materia de asesinatos con violencia extrema y por supuesto en razón de odio son de escándalo y merecen una inmediata intervención en la materia”, acota Gasca Arceo en el documento.
En la iniciativa también se hace mención al discurso homófobo, el cual con el antecedente de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye una categoría de lenguaje discriminatorio y en ocasiones discurso de odio.
Mediante la iniciativa no sólo se pretende una gravación de penas con base en conductas delictivas dirigidas a la diversidad de pensamiento, etnia, ideología, sexualidad y sus colectivos, sino que se propone la creación de un protocolo de actuación e investigación que permita una adecuada protección a las víctimas.
Edición: Mirna Abreu
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