Tres de los cinco amparos promovidos en contra del Poder Legislativo del estado apuntando violación a los derechos humanos por el ejercicio de recursos de “ayudas sociales” ya fueron admitidos y en uno de ellos un Juzgado de Distrito otorgó la suspensión provisional para efecto de que el Congreso local no pueda gastar un peso de ese rubro sin informar a la autoridad jurisdiccional a quién y por qué se le paga, en tanto llega la fecha de la audiencia constitucional, informó el Comité de Participación Ciudadana (CPC).
En conferencia de prensa realizada este miércoles, los integrantes del CPC informaron sobre estos amparos presentados el pasado 2 de febrero en contra de la aprobación de una partida presupuestal de alrededor de 100 millones de pesos por parte del Congreso del estado y que según el proyecto se destinará al rubro de “ayudas sociales”.
El abogado Fernando Colunga explicó que dicho rubro no tiene un destino claro ni tampoco forma de verificar su ejercicio, lo que se traduce a una discrecionalidad en el reparto de los recursos, y que se percibe como un acto de corrupción y/o clientelismo político. En tal sentido, el pasado 2 de febrero se presentaron cinco amparos por parte de cinco personas físicas y organizaciones como Gobernanza para el Desarrollo A.C., tres integrantes del CPC, el CPC como órgano, así como Ciudadanos por la Transparencia A.C.
“Son cinco amparos, pero son muchos más los que estamos actuando; cada amparo tiene su propio proceso y trayecto, cada uno cae en diversos juzgados de distrito porque depende del turno conforme los fuimos presentando y algunos de los amparos han tenido cierta precaución, se analizan bien antes de admitirlos y otros están admitidos y siguen sus procesos”, explicó el abogado.
Precisó que el argumento vertido al juez de control constitucional es acusar al Poder Legislativo de un acto de autoridad al violar los derechos humanos de las personas que lo promueven, también pidiendo a las autoridades que otorguen la suspensión provisional en tanto que es un acuerdo vigente.
“Imagínense que se gastan esos 100 millones de pesos y luego nos dicen que sí es ilegal y el Congreso argumenta que ya se gastó el dinero, ya no tendría materia la concesión del amparo que solicitamos, por lo que previendo eso, solicitamos que otorgara la suspensión de tal manera que se deben mantener congeladas las cuentas hasta que se resuelva de fondo (…) pero el juez determinó otorgar la suspensión en uno de los amparos”, dijo.
El amparo del cual se deriva la suspensión provisional fue promovido por tres de los cinco integrantes del CPC: Mariana Belló, Janet Aguirre y Alejandra Aguirre; mientras que los otros dos, Francisco del Real y Raúl Cázares, decidieron no incluirse, el primero de ellos argumentando “no querer enrarecer sus relaciones con el Congreso”.
Edición: Estefanía Cardeña
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