Ejidatarios del núcleo agrario Aarón Merino Fernández demandaron a Carlos Slim, propietario de Teléfonos de México (Telmex), por el adeudo de 53 millones de pesos que tiene con ellos desde hace nueve años y que la empresa se niega a pagarles.
En conferencia de prensa realizada el lunes en Cancún, hasta donde se movilizaron para presentar su caso a los medios de comunicación, los ejidatarios en voz de su abogado, Gabino Andrade, explicaron los detalles del litigio. Presentaron la denuncia asentada en la carpeta de investigación 3203/2022, contra Carlos Slim Helu, Héctor Slim Helu y Alejandro Cocca Sánchez.
Detallaron que hace más de 30 años Telmex instaló, sin autorización, una antena en terrenos ejidales. En 2006 el predio donde se encuentra la antena le fue asignado por el ejido a Juan Manuel Herrera, quien lo cercó, motivo por el que la empresa lo denunció penalmente por daño a las vías federales de comunicación.
Telmex no pudo acreditar la legítima propiedad del predio, por lo que perdió el juicio contra el ejido, entidad que en contraparte solicitó a la empresa les pagara renta por el uso del terreno donde está la antena. Al no recibir una respuesta positiva, acudieron al Tribunal Agrario, quien tras varios años finalmente les dio la razón en 2014, condenando a Telmex a pagar 53 millones de pesos a los ejidatarios.
De acuerdo con Gabino Andrade, la empresa interpuso cinco amparos y todos fueron ganados por los bacalarenses, por lo que la sentencia quedó en firme y en etapa ejecutoria; procedía el embargo de los bienes de Telmex en Chetumal, Playa del Carmen, Cancún y de ser necesario en la Ciudad de México para asegurar el pago de la deuda, pero esto no ha ocurrido.
Por ello los quejosos procedieron a presentar las denuncias correspondientes. Primero contra los magistrados del Tribunal Unitario Agrario por desempeño irregular de la función pública al negarse a dictaminar la resolución. Y segundo contra Carlos Slim, propietario de Telmex, así como su abogado y su apoderado legal, por su negativa a cumplir lo ordenado por los tribunales agrarios, esperando que esta vez sí se les haga justicia.
Edición: Ana Ordaz
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