Integrantes del Movimiento Indígena Maya interpusieron este lunes una acción colectiva contra la empresa Caliza Industriales del Carmen (Calica), actualmente con el nombre comercial Sactun, por “graves violaciones al medio ambiente y salud de las niñas y niños de las comunidades rurales de Quintana Roo”.
“Empezamos a levantar un censo para ver qué estaba pasando y resulta que hay muchos niños enfermos con asma, entonces esto ya toma otras medidas, estamos hablando de los derechos de los pueblos indígenas, entonces también desde esta perspectiva es donde queremos presentar esta acción”, expuso Quetzal Tzab, representante del movimiento, en declaraciones a las afueras de la sede del Poder Judicial de la Federación ubicada en la avenida Andrés Quintana Roo, en Cancún, donde se interpuso la denuncia.
Hasta ahora han identificado por lo menos a siete comunidades aledañas como las más afectadas, pero de acuerdo a los estudios con los que respaldan esta acción, el polvo que sale de las canteras llega hasta la ciudad de Valladolid, Yucatán, y aunque no hay cifra exacta de los afectados, sí hay muchas familias e incluso la construcción de escuelas a menos de un kilómetro.
Raúl Benet, asesor ambiental de los demandantes, enfatizó cuáles son las demandas: “lo que estamos demandando es el cierre definitivo de la mina, que devuelvan el puerto de Punta Venado, que es parte del territorio nacional… el daño es permanente, va mucho más allá y nosotros no sólo estamos demandando que se clausure definitivamente, sino que la empresa haga un resarcimiento de los daños, según lo marca la ley”.
Recordó que durante más de 30 años la empresa ha detonado continuamente explosivos de hidrogeles, perforando varios metros por debajo del nivel freático, ha vertido al acuífero concentraciones significativas de nitritos y otros contaminantes, además de liberarlos a la atmósfera y al mar Caribe.
“Desde hace años se tenía la sospecha de los graves daños de esta mina al medio ambiente, pero recientemente se publicó un dictamen por parte de la Secretaría de Medio Ambiente en donde sí se mostró lo que pensábamos. Se da cuenta de la contaminación del acuífero, directamente vinculada con los explosivos”, detalló.
Además, de acuerdo a los estudios que se hicieron, quedó al descubierto que se modificó profundamente el flujo de los ríos subterráneos, se devastó el suelo y subsuelo de la zona, impactando la biodiversidad y el viento.
El asesor ambiental aseguró que ese dictamen, con el respaldo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Instituto de Ecología y Cambio Climático, fue el que se presentó ante el juez, pero desde el punto de vista de la sociedad.
Lucely Tuz Tun, habitante de un asentamiento aledaño a Sactun, exigió también el cierre definitivo del banco de materiales y que la empresa asuma su responsabilidad, haciendo lo necesario para revertir o compensar a las comunidades mediante acciones sustituidas por el daño ambiental causado, haciendo hincapié en que no buscan dinero, sino recuperación ambiental.
El documento presentado fue entregado ante la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito y en los próximos días se le asignará un juez que lleve el caso.
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