Quintana Roo > Sociedad
Miguel Améndola
06/03/2025 | Tulum, Quintana Roo
La mañana de este jueves se registró un intento de desalojo en un predio ubicado en el kilómetro 8.5 de la zona costera de Tulum, el cual ya había sido objeto del mismo delito en el año 2016.
Ante ello, habitantes de un ejido en Tulum han denunciado que la jueza Deyliana Avilés, en complicidad con las actuarias María Elena Anaya Reyes y Nancy Aracely Flota Núñez, ordenaron la restitución ilegal de tierras en favor de supuestos propietarios que no serían los legítimos dueños.
Los denunciantes aseguran que el lote que las autoridades judiciales buscan restituir ni siquiera existe, y que la maniobra legal se asemeja a un fraude procesal que recuerda los hechos ocurridos en 2016, cuando durante la administración del ex gobernador Roberto Borge se ejecutó un fraude en la vía de apremio para despojar tierras ejidales.
De acuerdo con la información obtenida, el procedimiento es ilegal, ya que la ley establece que un juez civil no puede ordenar la ejecución de un predio ejidal, dado que su naturaleza jurídica está protegida por la legislación agraria.
Sin embargo, la jueza Avilés ha desestimado este principio y ha seguido adelante con el proceso, ignorando las resoluciones previas en los amparos que desconocieron la validez del procedimiento.
Foto: Miguel Améndola
Los denunciantes acusan a la jueza Avilés y a las actuarias de formar parte de una red de corrupción dentro del Poder Judicial de Quintana Roo, conocida como El Cártel de las Tortugas.
Este grupo estaría operando bajo extorsión, inclinando la balanza en litigios civiles y familiares, dependiendo de quién pague más. Además, se ha documentado que las actuarias María Elena Anaya Reyes y Nancy Aracely Flota Núñez han estado involucradas en otros procesos turbios desde 2016, operando impunemente dentro del sistema judicial.
En otro intento de intimidación, testigos aseguran que las actuarias bajaron de un vehículo acompañadas de un grupo de choque, con la aparente intención de amedrentar a los opositores de la restitución ilegal.
Ante estos hechos, los habitantes del ejido exigen la intervención urgente del Consejo de la Judicatura y las autoridades agrarias para frenar lo que consideran un abuso de poder y una violación de los derechos ejidales. Además, piden una investigación inmediata sobre la jueza y su equipo de trabajo, así como la suspensión de cualquier acto de ejecución en la zona hasta que se aclare la legalidad del proceso.
Además, se trató de obtener información de esta actividad pero los actuarios evadieron los medios de comunicación.
También te puede interesar:
Edición: Estefanía Cardeña
