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La Jornada Maya
31/03/2025 | Chetumal, Quintana Roo
En una operación conjunta entre la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la FGE de Veracruz, se logró la detención de Alejandro "N"., alias El Rayo, en el puerto de Veracruz. Se le identifica como uno de los responsables del homicidio del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum, José Roberto Bautista Rodríguez.
El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, confirmó dicha detención esta mañana en conferencia del Gabinete de Seguridad. Detalló que tras cometer el crimen, Alejandro "N" escapó a Tamaulipas y posteriormente se trasladó a Veracruz, donde fue capturado con el apoyo de la FGE de esa entidad. Luego, fue trasladado a Cancún y presentado ante el Ministerio Público.
Añadió que las investigaciones establecieron que el homicidio fue ordenado por un líder criminal de Tamaulipas, debido a la labor del secretario como policía investigador y su participación en un cateo en Colima, cerca de la frontera con Jalisco. También se vincula al ahora detenido con más de 100 ejecuciones en el norte del país.
Foto: FGE
Previo al asesinato, los responsables realizaron una vigilancia detallada durante al menos cinco meses, analizando los movimientos, escoltas, eventos públicos y vehículos del secretario. Incluso, intentaron atentar contra su vida en seis ocasiones previas. Para ejecutar el crimen, Alejandro "N" contó con ocho sicarios provenientes del Estado de México y Veracruz, quienes realizaban seguimientos y obtenían información en redes sociales.
En el ataque utilizaron un fusil M4 calibre 5.56 y una pistola calibre .40. Se confirmó que uno de los sicarios abatidos en el lugar era de origen guatemalteco, apodado El Chaparro, El Kaibil o El Guatemalteco, conocido por su perfil sanguinario y fue quien ejecutó al funcionario municipal el día de la agresión.
“Estamos desplegando toda nuestra estrategia operativa e inteligencia a través del Grupo Interinstitucional para la Construcción de la Paz, tanto a nivel estatal como nacional, con el objetivo de localizar y detener a los demás responsables. En Quintana Roo, quien cometa un delito de esta naturaleza enfrentará las consecuencias, siendo procesado y condenado con la pena máxima de 50 años de prisión”, finalizó el fiscal.
Edición: Emilio Gómez
