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Ana Ramírez
21/06/2026 | Mérida, Yucatán
El sistema judicial mexicano enfrenta el reto de superar décadas de distanciamiento y falta de sensibilidad hacia las realidades de los pueblos y comunidades originarias, por lo que una de las prioridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es avanzar hacia un modelo más incluyente, señaló en Cancún Karina López Regalado, directora general de Atención y Participación Social del máximo tribunal.
La funcionaria federal, quien participó el pasado 19 de junio en los Diálogos por la Justicia Abierta, realizados en la Casa de los Saberes Jurídicos de Cancún, destacó que el objetivo es transitar de un modelo de justicia hermético hacia uno que reconozca y aprenda de las formas de organización y resolución de conflictos propias de los pueblos indígenas, con una integración real en la vida jurídica del país.
“Los pueblos y las comunidades indígenas tienen mucho que enseñarnos también al Poder Judicial. Ya no debe ser tan burocrático ni tan tardado; ellos resuelven rápido y de manera eficaz”, declaró.
Indicó que esta visión implica un cambio estructural en el que la agilidad y eficacia de la justicia indígena puedan servir de referencia para modernizar los procesos federales.
López Regalado reconoció que la problemática se agrava por las barreras sistemáticas que dificultan el acceso equitativo a la justicia y por la falta de herramientas lingüísticas básicas, situación que históricamente ha vulnerado los derechos fundamentales de las personas indígenas.
Explicó que muchos ciudadanos han quedado desprotegidos o incluso privados de la libertad debido a la ausencia de intérpretes y traductores que comprendan no solo la lengua, sino también la cosmovisión de quienes son sometidos a procesos judiciales.
Esta desconexión cultural, señaló, ha generado una profunda desconfianza hacia las instituciones del Estado. En respuesta, destacó la importancia de la reforma constitucional que coloca en el centro los derechos de los pueblos originarios y obliga a las personas juzgadoras a considerar estas particularidades al emitir sus resoluciones.
“Los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas son torales. Existen 68 pueblos indígenas en todo el país y hay una deuda histórica latente. Son las personas más pobres y más vulneradas por las instituciones; ni siquiera cuentan con intérpretes o traductores, mucho menos con un sistema que comprenda su cosmovisión”, afirmó.
Edición: Emilio Gómez
