Las instancias de gobierno tienen la obligación de dotar de agua potable a sus ciudadanos, y además hacerlo de manera eficiente; sin embargo, es un servicio que exige altas inversiones pero que es de baja recuperación, por lo económico de las tarifas y la frecuente morosidad. Este es un desafío que puede y ha sido resuelto a través de una asociación pública-privada, como ocurre en cuatro municipios de Quintana Roo con Aguakan.
Diversos representantes de las Naciones Unidas han recalcado que el acceso al agua debe ser garantizado sin importar quien preste el servicio, pues en muchas situaciones la gente no tendría acceso al mismo sin participación privada. Esto tal vez pudiera decirse de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres, cuya población está en continuo aumento y donde es necesario realizar constantes inversiones en infraestructura y desarrollo de obras para dotarla de agua potable.
A diferencia de organismos públicos, cuyos ingresos a menudo se van en cubrir pasivos de gobierno y que son administrados por personas de perfil político, la iniciativa privada ofrece eficiencia administrativa, continua modernización y transparencia en la reinversión de recursos.
Aguakan ofrece transparencia doble, pues existe un contrato de concesión que se audita y vigila, con montos definidos para reinversión que se cumple y, en el caso de Solidaridad, incluso se superan. Además, por ser empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, de manera periódica se dan a conocer los ingresos, que a su vez sirven para mejorar y ampliar el servicio de agua potable.
Es de destacar que cada vez son más los países que recurren a esquemas de asociación público-privada para garantizar servicios como el agua potable, no solo para contar con un servicio más moderno y eficiente, sino también por consideraciones ecológicas, para reducir las pérdidas por fugas o mal manejo de este recurso. La mayor transparencia también permite abrir un debate entre gobierno, iniciativa privada, agrupaciones civiles y científicas, para lograr una buena gobernanza del agua.
Edición: Ana Ordaz
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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