Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

Cancún
12 de mayo, 2015

Centenas de comerciantes y empresarios de Cancún que pidieron el anonimato por temor a represalias, denuncian “un nuevo método de fraude y extorsión” del ayuntamiento de Benito Juárez que encabeza Paul Michele Carrillo de Cáceres, al obligarlos a pagar multas excesivas e injustificadas, muchas veces inexistentes, bajo cualquier pretexto.

Ningún negocio del centro ni de las regiones perimetrales se ha salvado de las infracciones, que van desde la supuesta falta de documentos, morosidad en pagos por servicios de basura, adeudos acumulados por terceros y hasta violaciones a la ley de Protección Civil, excepto quienes comulgan con la actual administración.

Los inconformes responsabilizan –“en corto”, por medio de sus redes personales, de las que el reportero tiene copia de al menos una decena– al presidente municipal y al director de Ingresos, Hugo Favio Bonilla Iglesias, de establecer y operar nuevas formas de terrorismo fiscal y extorsión mediante el cobro de impuestos sobre impuestos y multas sobre multas.

Y citan el caso común al que se enfrentan quienes pretenden abrir un nuevo negocio o buscan la reapertura, pero tiene licencias de funcionamiento rezagadas en pagos: “Al iniciar el trámite le dicen que no pueden dar la licencia o renovación porque el establecimiento tiene un adeudo por servicios de recolección de basura desde hace ocho o 10 años atrás.

“Dan un estado de cuenta de equis número de años a nombre de una empresa o persona que supuestamente rentó el local… no dan notificación oficial, sólo le imprimen un estado de cuenta con una cifra estratosférica que va de los 50,000 hasta los 200 mil pesos”, fundamentan su acusación.

Los afectados aseguran que en ese supuesto estado de cuenta no aparece el nombre del propietario o el nuevo arrendatario que tramita la licencia de funcionamiento; únicamente aparece el nombre de un tercero que generalmente es ilocalizable.

“Las autoridades amenazan con que si no se pagan los adeudos pendientes el negocio se clausurará, cuando se trate de una renovación, o bien se negará la apertura cuando sea un negocio nuevo.
“Mañosamente, quienes están en las ventanillas de la Dirección de Ingresos del municipio ofrecen negociar un descuento hasta de 50 por ciento si se hace un pronto pago, pero advierten que el recibo saldrá a nombre de la persona que supuestamente adeuda”, explican.

Cuando los propietarios o nuevos arrendatarios no están dispuestos a pagar deudas ajenas y amenazan con quejarse, los empleados cambian su postura y parecen ponerse del lado del usuario, al que sugieren manifestar su inconformidad por escrito y presentarlo a la Oficialía de Partes para su sello de recibido, con que se suspende la clausura.

Empero, sólo es ganar tiempo porque el paso siguiente es pagar los adeudos atrasados, “con la generosidad” de las autoridades municipales, que otorgan 50 por ciento de descuento como último recurso al pagar recargos, cantidades que van de los 3,000 a los 10,000 pesos.

Cientos de comerciantes están cayendo en esa práctica abusiva del municipio para evitar problemas; empero, llaman a quien padezca la situación a hacerla viral denunciando la nueva práctica corrupta y fraudulenta del ayuntamiento de Benito Juárez.


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