Inhabilitación de funcionarios por atentar con la bioseguridad

Texto: Carlos Águila Arreola
Foto: Archivo
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Viernes 16 de diciembre, 2016

Greenpeace exigió la inhabilitación de funcionarios de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) por actuar contra el mandato de bioseguridad por el caso de la siembra ilegal de soya transgénica recientemente detectada en Hopelchén y Campeche.

En la 13 Conferencia de las Partes (COP 13), Leydi Pech Martín, representante del Colectivo Apícola de Los Chenes, denunció irregularidades en la consulta pública como parcialidad de autoridades al favorecer la opinión de grupos de soyeros de las comunidades de Dzibalchén y Vicente Guerrero, Campeche, así como proteger el cultivo ilegal de soya transgénica.

Recientemente se descubrieron 336 hectáreas en 10 predios de Hopelchén (305) y seis de Campeche (31) –reconocidos en informes oficiales del propio Senasica, que tendría que haber decomisado, destruido y sancionado administrativa y penalmente a los responsables.

La aceptación de la siembra es, además, una violación al mandato de la Suprema Corte de Justicia, y también la confirmación de que el proceso de consulta está siendo vulnerado.
“Indigna que las autoridades, con la obligación de aplicar la Ley de Bioseguridad, desde clausura, decomiso de semillas y equipos de cultivo, y revocación del permiso de siembra, deje impune el caso”, acusó María Colín Olmos, asesora de Greenpeace México.

Greenpeace exige destituir a Sol Ortiz García, titular de Cibiogem; a Hugo Fragoso Sánchez, director de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, y a Pedro Macías Canales, de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados, de la Senasica, por desacato judicial a la sentencia de la segunda sala de la Corte, y por ir contra la bioseguridad”, denunció Colín.

“La credibilidad del Poder Judicial federal está en juego; si no actúa exhibirá debilidad impropia y evidenciará que no hay mecanismos reales para garantizar la efectividad de los recursos y sentencias que resuelve la Corte”, sentenció Jorge Fernández Mendiburu, abogado de las comunidades mayas de Campeche.