Juicios falsos para despojo de predios

Joana Maldonado
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Martes 6 de diciembre, 2016

Al menos 15 expedientes de juicios apócrifos en materia laboral han sido hallados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, documentos elaborados bajo la responsabilidad del entonces secretario, Patricio de la Peña Ruíz de Chávez, e integrantes de las Juntas de Conciliación, quienes se “confabularon” para tener juicios simulados, favoreciendo el despojo ilegal de predios y propiedades, informó Catalina Portillo Navarro, titular de la STyPS.

A poco más de dos meses de trabajo, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, del gobierno de Carlos Joaquín González, señaló que se detectaron juicios apócrifos, confirmando lo que ya se sabía desde el mes de julio, cuando se difundió un reportaje por CNN y la revista Expansión, en donde daban cuenta del modo de operar despojos, amparados bajo la “legalidad”, del gobierno de Roberto Borge Angulo.

El modo de operar, según documentan dichos medios y la asociación Mexicanos contra la Corrupción, es que a través de la Junta Local de Conciliación, se inventaban relaciones laborales con empresarios y a través de demandas falsas, que ganaban los supuestos ex empleados, se ordenaba el embargo de propiedades o multas millonarias que superaban los 200 millones de pesos, acciones que se hacían en complicidad de empleados del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como de abogados.

Todo esto, involucra al ex Secretario del Trabajo, Patricio de la Peña –hermano del diputado local del Partido Verde Ecologista, José de la Peña–, al subsecretario del Trabajo, Enrique de la Cruz Pineda y al Presidente de la Junta de Conciliación 2, Alexis Zavala Ávila, así como al abogado Carlos Lima, ex director del Registro Público y actual magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del estado.

La secretaria del Trabajo, Catalina Portillo, informó en relación a estos casos, que han sido instrucciones del gobernador, Carlos Joaquín, hacer las denuncias penales correspondientes, y agregó que “no habrá impunidad”.

Una vez detectados los expedientes, se realizaron las auditorías y se dio aviso a la Secretaría de la Gestión Pública, informó.

Después cada uno de los presidentes de las juntas, tienen la obligación de presentar las denuncias ante la Fiscalía General que tendrá la obligación, también, de armar la investigación. El gobierno del estado, a través de su representante jurídico, ratificará dichas denuncias para integrar la carpeta de investigación y hacer la vinculación a proceso de las personas implicadas.