Joana Maldonado
Foto: Joana Maldonado
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Jueves 1 de diciembre, 2016
Las 11 cárceles municipales en Quintana Roo, tienen carencias serias y la mayoría de éstas, se encuentra en deplorables condiciones que contribuyen a la violación de las garantías individuales de las personas, sobre todo indígenas, según el Informe Especial de Supervisión a las Cárceles Municipales que realizó la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Quintana Roo.
El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Harley Sosa Guillén, presentó ante los medios de comunicación, dicho informe que contiene las observaciones sobre las cárceles de los municipios del estado, el cual ya fue entregado a los presidentes municipales, quienes tienen seis meses para resarcir sus deficiencias o, de lo contrario, serán acreedores a sanciones.
El informe que tiene carácter público, a través de la página de internet del órgano, precisa que la autoridad municipal tiene la responsabilidad de proteger y garantizar estrictamente el respeto a los derechos humanos de las personas en situación de arresto.
En el documento se evaluaron nueve puntos: capacidad y población; procedimiento de ingreso, egreso y registro de pertenencias; situación jurídica y normatividad; comunicación con el exterior; estancia digna y segura; atención médica; integridad física y moral; capacitación al personal y grupos en situación de vulnerabilidad; con base a un semáforo, cuya clasificación es la siguiente: rojo, significa “requiere atención inmediata”; naranja “requiere atención” y verde “bien”.
Las cárceles con peores evaluaciones, son las de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas, todas ellas ubicadas en la zona maya particularmente, porque no existen traductores de lengua indígena, carecen de atención médica e incluso de baños.
“No es cosa de un ayuntamiento, es de todos los ayuntamientos. El documento es un primer llamado público a los presidentes municipales; pero no es un tema de ahora; es un tema antiguo pero nunca se ha señalado”, precisó Harley Sosa.
En la cárcel de Othón P. Blanco, por ejemplo, se carece de manuales de procedimientos; no se cuenta con teléfono para realizar llamadas, la mayoría se realiza desde el celular del detenido; no se proporcionan alimentos, solo agua; las instalaciones no tienen mantenimiento.
En Bacalar, que aparece con cinco de nueve indicadores en color rojo, carece de expedientes de las personas arrestadas; no cuenta con bando de policía y gobierno, ni aplica criterios de separación de mujeres y adolescentes.
En el Torito, como se conoce a la cárcel en Cancún, hay serias observaciones, una de ellas en relación a la falta de privacidad, ya que los detenidos por cuestiones administrativas –la mayoría por alcoholímetro-, tienen que ver las 36 horas de detención, videos de accidentes.
“Estaremos pendientes del trabajo que ellos puedan hacer para dar una estancia digna a las personas, nadie está exento de caer en estos lugares”, aseguró el Ombudsman.
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