Texto y foto: Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Miércoles 23 de noviembre, 2016

Más de una centena de autos dados de alta en la plataforma Uber fue detenida durante los cinco días del Puente de la Revolución, por parte de inspectores de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), de los que 96 trasladaban a ciudadanos de Cancún.

La trasnacional solicitó la intervención del gobernador Carlos Manuel Joaquín González para parar lo que llama “detenciones arbitrarias, amenazas y violencia contra socios, usuarios y turistas”, por parte de integrantes del “Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo”, que a su vez rechazan los señalamientos y acusan que los presuntos ataques son montados.

De acuerdo con la dependencia, cada vehículo afiliado a la trasnacional debe cubrir 58 mil pesos para ser liberado; es decir, el importe por la detención supera los cinco millones 800 mil pesos, por no contar con la concesión o permiso para prestar el servicio de transporte público, además del encierro.

Sólo en tres días, en un periodo de asueto en el que más se necesitan opciones de movilidad para locales y turistas, 68 vehículos fueron confiscados.

La empresa asegura que “los cancunenses y turistas quieren que Uber se quede en Quintana Roo, de acuerdo a un sondeo de la encuestadora Buendía y Laredo, 77 por ciento considera que el servicio beneficia a la ciudad. Además, más de 31 mil firmas electrónicas apoyan la operación de la plataforma en Cancún”.

Se agregó que “el beneficio de la mayoría parece no ser suficiente motivo para que la Sintra ponga alto a las detenciones arbitrarias contra socios de la plataforma, ya que además fueron retenidas dos patrullas de seguridad privada contratadas por Uber para resguardar la seguridad de los socios.

“Un elemento de seguridad privada fue perseguido y golpeado. ¡La detención de esas patrullas, sin fundamento legal, es clara evidencia del abuso de autoridad que la Sintra ejerce sobre los cancunenses!”, aseguró Uber mediante un comunicado.

“Eso nos obliga a cuestionar la verdadera intención de esos actos: ¿se trata de sanear las finanzas públicas de Quintana Roo de la misma manera que el gobierno anterior las vació, con abuso de autoridad, a costa de los cancunenses que buscan autoemplearse e incrementar sus ganancias? ¿Se trata de un apadrinamiento al monopolio de los taxis?”, se pregunta.

Uber solicitó la intervención del gobernador Joaquín González para detener lo que califican como “detenciones arbitrarias”, al pedir garantizar a los ciudadanos su derecho a elegir cómo moverse, así como contar con más y mejores opciones de transporte”.


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