Empresarios indignados

Carlos Águila Arreola
Foto: Notimex
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Jueves 17 de noviembre, 2016

El sector empresarial de Quintana Roo exigió frenar el abuso de los gobernantes, dio a conocer que buscarán expropiación o reversión de la reserva territorial que negoció el gobierno de Roberto Borge Angulo.

La víspera, se dio a conocer que casi 50 por ciento de reserva fue rematada entre amigos y familiares del ex gobernador en siete municipios: Puerto Morelos, donde fue mayor con 60 por ciento, seguido de Solidaridad (Playa del Carmen, con 52); Benito Juárez (Cancún, 36); Cozumel (23); Tulum (20) y Felipe Carrillo Puerto y Bacalar con 10 por ciento en cada uno.

En total, las enajenaciones suman alrededor de nueve mil 500 hectáreas; es decir, 95 millones de metros cuadrados, que equivalen a más de seis veces la zona hotelera de Cancún o 24 veces la superficie de Isla Mujeres, y lo peor es que en algunos casos se vendieron a menos de uno por ciento del valor real.

En entrevista, al término de la reunión del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Tobin Cunningham dijo que esos terrenos nunca debieron venderse a particulares, y advirtió que quienes compraron e intenten vender tendrán problemas porque seguramente “la verán complicada” ante el litigio con el que el gobierno estatal buscará recuperar esos predios.

“De entrada se debería buscar la reversión; se actuó dolosamente, con documentación falsa y contubernio de autoridades, tendría que darse, y si se tiene que llegar a la expropiación apoyaremos al gobierno; de hecho, lo hacemos desde el Observatorio Legislativo”, del que forma parte y que a partir del nuevo gobierno vigilará la correcta aplicación del presupuesto.

Sostuvo que “cuando alguien vende debajo de precio hay responsabilidades hacendarias, civiles y en este caso seguramente las habrá penales”, y destacó que hasta donde se sabe ningún socio de AMPI Cancún estuvo involucrado en la compraventa de esos terrenos, “es más, ni siquiera nos enteramos como asociación”.

Recordó que cuando tronó el problema de despojos de terrenos en Tulum se pusieron candados para evitar que se comercializaran, y destacó que en el caso de la venta de los terrenos del gobierno no hará falta, porque cualquier operación tendrá que pasar por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPyC).

Adelantó que la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios solicitará la información para saber qué propiedades son, y si están inscritas en el RPPyC se boletinarían para no promoverlas porque sería promover un problema; incluso, dio a conocer que ya solicitaron una reunión con el titular estatal de la dependencia.

“Es una barbaridad de extensión (95 millones de metros cuadrados), no se vale, no se vale”, señaló Wexford James con impotencia, y agregó que “estamos hartos de tanta podredumbre que sigue saliendo (del gobierno de Roberto Borge)”, y recordó que la AMPI hizo una revisión de la deuda “y hace 10 años teníamos mil millones, ¡y ahora más de 20 mil millones de dólares, no es una cosa menor!, y tiene que aclararse” dónde quedó tanto dinero.

Advirtió que “si tratan de desatenderse u ocultar algo así, como sociedad presionaremos hasta llegar a las últimas consecuencias porque ya estuvo suave de tanto saqueo”; en ese sentido, estimó que el actual fiscal Carlos Arturo Álvarez Escalera, herencia de Roberto Borge y del que se dice su elección es inconstitucional, “no garantiza justicia”.

El líder inmobiliario añadió que el tema estará bajo la lupa, y concluyó que si el actual fiscal no es garantía “siempre hay otras instancias, como la Federación; vamos a tener que buscar, como empresarios, que ya se imparta justicia, pero de una manera adecuada porque hasta ahora sólo han sido simulaciones”.