Foto y texto: Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya
Cancún, Quintana Roo
Viernes 26 de agosto, 2016
Quintana Roo está entre los primeros cinco estados con menos transparencia del país, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), por lo que el Observatorio Legislativo de Quintana Roo dio un plazo de tres meses a los integrantes de la XV Legislatura para demostrar en los hechos que servirán a la sociedad.
Eduardo Galaviz Ibarra, coordinador del ente que aglutina al sector empresarial y la sociedad civil, dijo que la propuesta aborda ocho temas, entre los que destacan falta de transparencia y la creación de órganos en defensa del contribuyente estatal y municipal, y criticó el trabajo del Congreso quintanarroense, con 11 municipios y poco más de 1.5 millones de habitantes.
En comparación con Puebla, “que tiene poco más de seis millones de habitantes con 217 municipios y 41 diputados, tiene casi la tercera parte del presupuesto con que cuenta el Congreso de Quintana Roo; que no debería tener más dinero que otros estados, pues tiene menos necesidades”, detalló.
En ese sentido, antes de que se sienten en la curul, el empresario ya les puso plazo a los diputados para que se empiece a ver un verdadero cambio; de lo contrario, advirtió, serían exhibidos porque se están comprometiendo públicamente, lo que les afectaría cuando intenten reelegirse.
“Cada final del periodo legislativo, éste termina el 15 de diciembre; terminando, en enero, haremos una revisión y una evaluación en cada periodo legislativo.”
En un encuentro con algunos legisladores electos, citó que el presupuesto del Congreso local en 2015 fue de 214 millones de pesos por 144 en Puebla y 132 en Yucatán; que los recursos por diputado fueron 13.6 millones en la entidad, contra 5.3 para los yucatecos, y 3.5 de los poblanos, cuando el promedio nacional es de 10.8 millones de pesos.
Agregó que el despilfarro es descarado: cada uno de los 25 diputados tiene 15 personas de apoyo para 375, con el gasto que implica, y Quintana Roo es de los ocho estados cuyo Congreso es servil al gobernador en turno porque aprueba ciento por ciento de las iniciativas del Ejecutivo, y sus integrantes son, en promedio, los que menos propuestas presentan.
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