Que no haya pruebas de inversiones previas

Texto y foto Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Martes 23 de agosto, 2016

El sábado comenzó a ser demolido el primero de los 16 hoteles que en julio pasado fueron desalojados, con el uso de la fuerza pública y guardias de seguridad privada fuertemente armados, denunció una de las empresarias afectadas, quien pidió el anonimato por miedo ante las constantes amenazas que ha recibido, desde que denunciaron los hechos.

“Quieren borrar las pruebas de quienes por 18 años invertimos y habitamos aquí”, sostuvo la quejosa, luego que personal no identificado comenzó a demoler un inmueble rústico, sobre un lote de casi 10 metros de frente de playa, donde antes se ofrecía hospedaje de bajo impacto para el turismo nacional e internacional.

Desde que inició el despojo masivo de predios, bajo el “engaño legaloide” de que los poseedores incumplieron pagos de renta, la tensión ha desencadenado la violencia en la zona.

Los ahora despojados responsabilizan al gobierno del estado de consentir la fabricación de supuestos contratos de renta entre dos particulares que nada tienen qué ver con los terrenos, para arrebatar a los “verdaderos dueños” los predios que venían operando como negocio de hospedaje, desde hace 18 años.

El escándalo generado por este tipo de conflictos ha provocado la exigencia diplomática de diversos países, para esclarecer los acontecimientos e, inclusive, algunas embajadas alertaron a sus ciudadanos para no invertir en Quintana Roo, ante la inseguridad jurídica de la tierra.

Mientras las demoliciones avanzan, el miércoles 28 de agosto los afectados ofrecerán una conferencia en la Cámara de Diputados para denunciar los hechos de los que son víctimas, que les impiden tener acceso a los presuntos expedientes.

En tanto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició (de oficio) una investigación de las operaciones de funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Quintana Roo, que terminaron en el despojo de bienes y recursos a empresarios del estado. Hasta ahora hay identificados 78 implicados (individuos y empresas); entre éstos, 21 servidores públicos.

Las operaciones son revisadas y confrontadas con la base de datos del SAT para identificar si hay irregularidades fiscales que pudieran representar algún delito, pues varias debieron derivar en declaraciones y pago de impuestos.

Señaló que de conformidad con su ley, está facultado para actuar de oficio con base en denuncias públicas, toda vez que tiene la atribución de vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras; incluso, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en las disposiciones legales.