Despojo de 50 hectáreas

Texto y foto Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Miércoles 10 de agosto, 2016

El abogado Gabriel Yam Chan, comisario de Villa Cozumel, acusó de fraude y despojo al gobernador Roberto Borge Angulo, al denunciar “la desaparición” del contrato de usufructo sobre 50 hectáreas de tierra, terrenos que el aún mandatario priista podrá explotar por un periodo de 30 años prorrogables.

Esas tierras ejidales fueron entregadas al gobernador de Quintana Roo el 23 de abril de 2015, mediante un contrato de usufructo avalado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a través del Registro Agrario Nacional (RAN), con el folio 23001001109111945R.

[b]50 hectáreas; 30 años[/b]

Las 50 hectáreas fueron entregadas a “título gratuito”, liberando al usufructuario, es decir, a Borge Angulo, de otorgar cualquier tipo de fianza. El usufructo es un término común utilizado en el sector agrario, y es el derecho a disfrutar bienes ajenos con la obligación de conservarlos y cuidarlos como si fueran propios.

El RAN reconoció la desaparición, lo que “no es casual”, según el jurista, porque no puede ser consultado, pues porque desapareció: “Todo el asunto es un fraude (del gobernador), es un despojo a los ejidatarios, y aunque ya intentamos iniciar el trámite para anular ese contrato de usufructo, no lo hemos logrado porque el expediente está desaparecido”.

El abogado Gabriel Yam Chan, también comisario ejidal de Villa Cozumel, dijo que tras dos meses de búsqueda, el 5 de agosto pasado, el RAN notificó que “no fue posible encontrar registro físico del contrato” y que no tenía “referencia de tiempo, modo y lugar que generó la inexistencia en cuestión”.

El organismo agrario aclaró que, aunque el documento desapareció de sus archivos, “la inscripción registral que atañe a dicho documento” sí existe; es decir, el trámite mediante el que Roberto Borge tomó control legal de las 50 hectáreas se realizó y está vigente; empero, los papeles de la “inscripción registral permitirían impugnar el procedimiento.

Las autoridades del ejido Villa Cozumel aclararon que en sus archivos tampoco obra el contrato que beneficia al gobernador, pero no porque el documento haya sido robado, sino porque el ejido nunca tuvo conocimiento de la “cesión”, porque ante la asamblea ejidal, máximo órgano de toma de decisión, esos documentos nunca fueron presentados.

Gabriel Yam aseveró que “los ejidatarios nunca votamos a favor de ese contrato. Es un fraude, un despojo de las tierras que, por el contrario, queremos preservar para uso forestal y proteger de la depredación. Quiero ser tajante: el ejido Villa Cozumel no reconoce ninguna de esas acciones supuestamente legales, con las que pretenden despojarnos de las tierras”.

El jurista dijo que el despojo comenzó a gestarse en 2013 con la complicidad del entonces comisario ejidal, el doctor Arturo Villanueva Marrufo (primo del actual alcalde Fredy Marrufo Martín, y actual director del Hospital General de Cozumel), quien entabló un contrato de usufructo con los particulares Jefferson Efraín Marín Flores y Reyes Rodríguez.

[b]Contrato sin aval de ejidatarios[/b]

Se autorizaron los contratos, pero una vez negociado y redactado, debía ser votado por la asamblea antes de firmarse, pero nunca ocurrió: “Cualquier contrato inscrito ante el RAN carece de validez legal, ya que no tiene el respaldo de los integrantes del ejido, requisito imprescindible para disponer de tierras ejidales”, explicó.

El acta de esa asamblea de febrero de 2013, en la que el ejido abre la posibilidad de entablar un contrato de usufructo, señala que dicha propuesta era presentada por dos personas a las que se identifica como “Jefferson Efraín Marín Flores, Reyes Rodríguez”, así como por “otros”, a los que nunca se nombra explícitamente.

Lo irregular de ese contrato radica en que la explotación de esas 50 hectáreas fue autorizada originalmente a Jefferson, a Reyes “y a otros”, frase que fue la clave legal para que finalmente el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fuera el beneficiario directo de esas 50 hectáreas.

El actual comisario ejidal enfatizó que “si en algún lugar existe un documento con esas características, es totalmente inconstitucional porque las tierras ejidales son reconocidas por la ley como medio de sustento económico de los ejidatarios, y no pueden ser entregadas gratuitamente a nadie.”

De acuerdo al oficio UT/135/16 del RAN, la desaparición del expediente representa una irregularidad por la cual “dará vista, por conducto del titular de la Unidad de Transparencia, al Órgano Interno de Control en el Registro Agrario Nacional, para que proceda conforme a sus atribuciones”.