Carlos Águila Arreola
Foto: Comunicación UNE
La Jornada Maya

Quintana Roo
Jueves 16 de junio, 2016

El martes, el contador Emiliano Novelo Rivero, titular de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo), fue obligado a renunciar por oponerse a evaluar una cuenta pública irregular.

En medio del escándalo que los progobiernistas manejan como renuncia, el Congreso estatal, de mayoría priista, dio entrada a la solicitud del Ayuntamiento de Solidaridad para autorizar un refinanciamiento de deuda a corto plazo por otros mil 30 millones de pesos.

El titular de la Aseqroo fue, durante los últimos 12 años, quien supervisó los gastos que se convirtieron en una deuda pública de casi 25 mil millones de pesos, tema que, según diputados de oposición, fue motivo de su negativa para avalar el último año de gestión de Roberto Borge Angulo.

Según los legisladores, la estrategia es imponer a un auditor “a modo” por los siguientes siete años, que mantenga bajo resguardo la información de las irregularidades de los dos últimos sexenios; asimismo, llamaron a que Novelo Rivero dé a conocer públicamente los motivos de su renuncia.

En los siguientes tres días, la Comisión de Hacienda determinará el procedimiento para designar o elegir nuevo auditor. El saliente debió finalizar su gestión en abril de 2017. La ley orgánica de la Aseqroo establece que para cubrir la ausencia temporal o definitiva del titular, se deberá nombrar al auditor suplente, en este caso Raúl Aguilar Laguardia.

El diputado panista Sergio Bolio Rosado consideró delicada la salida del auditor, “cuando los tiempos legales marcan para estas fechas la revisión de cuentas públicas entregadas a la Aseqroo” por los tres poderes, organismos autónomos y municipios.
Para el legislador independiente Jorge Carlos Aguilar Osorio, la renuncia es parte de una estrategia que busca enterrar las cuentas públicas de los últimos dos años en las gestiones.

“Se renunció, sostuvo, al auditor para permitir mediante un periodo extraordinario de sesiones que la actual Legislatura designe a un nuevo titular de la Aseqroo, alguien que garantice que las cuentas públicas de 2015, o la de cualquier año no sea revisada.”
Ambos diputados coincidieron en que la lectura que se manda es que el ex funcionario no aceptó continuar firmando esos informes financieros correspondientes a 2015, “ante el caudal de irregularidades que se cometieron, y la necesidad de maquillar las cifras para evitar que se finquen responsabilidades a los responsables de desvíos y malversaciones”.

Se trata, según Aguilar Osorio, de no dejar que presenten cifras que puedan comprometer a los dos últimos ex mandatarios o cualquier funcionario de las administraciones gubernamentales desde 2005.

Emiliano Novelo Rivero fue señalado de orquestar el complot en 2011, contra el entonces alcalde Gregorio Sánchez Martínez, cuando quiso buscar la gubernatura del estado. Incluso, presentó una denuncia penal por un faltante de 89 millones de pesos de la cuenta pública 2009 de las arcas municipales de Benito Juárez, contra Sánchez Martínez y colaboradores.

 También armó el expediente con el que se acusó a la ex alcaldesa de Tulum, Edith Mendoza Pino, de administración fraudulenta del erario, por 42 millones de pesos. Ese expediente derivó en su renuncia en julio de 2012, y la detención y encarcelamiento de la misma en diciembre del mismo año.

En tanto, el Congreso estatal, de mayoría priista, dio entrada a la solicitud del ayuntamiento de Solidaridad, para autorizar un refinanciamiento de deuda a corto plazo por otros 1,030 millones de pesos.

El legislador priista Pedro Flota Alcocer, presidente de la Gran Comisión del Congreso estatal, confirmó que el Ayuntamiento solicitó autorización para implementar la estrategia financiera, y consideró que a simple vista hay viabilidad para conceder la autorización.

No obstante, pidió tiempo para que la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta analice el tema y lo dictamine. Flota Alcocer fungió como operador de la campaña del derrotado candidato priista José Mauricio Góngora Escalante, y reconoció que “la solicitud de un nuevo crédito podría ser muy cuestionada por la sociedad”.

Pero insistió en que se busca renegociar los términos de la deuda, reducir los intereses y permitir más facilidades para finiquitar esos pasivos de deuda del ayuntamiento y poder contar con más recursos para obra social.


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