Carlos Águila Arreola, corresponsal
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Viernes 15 de abril, 2016

El movimiento [i]Salvemos Manglar Tajamar[/i] informó que, pese a más de siete mil denuncias ciudadanas contra el ecocidio cometido en Cancún el 16 de enero, la autoridad ambiental no ha actuado para salvaguardar el ecosistema que permanece vivo en la zona, e incluso se opone a hacer públicas las inspecciones realizadas.

La solicitud fue negada a pesar de los 7 mil denunciantes, más de 7 mil denuncias sin resultado ni respuesta de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), señaló el colectivo, al lamentar las inspecciones de Profepa en agosto, septiembre y octubre de 2015 y enero de 2016, puntualizó la abogada Antonella Velázquez, integrante del colectivo.

Explicó que tampoco ha sido atendida la exigencia ciudadana para que Profepa ejecute acciones necesarias de preservación, no sólo porque el manglar está vivo y también las especies que ahí habitan, como 12 cocodrilos, decenas de aves y peces, y algunas garzas blancas que sobrevivieron a la devastación.

“A la Profepa no le ha importado lo que señala el artículo 3, fracción XXV de la LGEEPA, que establece que debe mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de su hábitat natural”, manifestó.

La jurista sostuvo que “no hay razones para que omitan ejercer las acciones de preservación cuando es la función principal de la Profepa, no hay razón para no actuar hasta en tanto el juez resuelva lo conducente”.

Antonella Velázquez recordó que el juez cuarto de distrito, con sede en Cancún, Miguel Nahim Nicolás Jiménez, ordenó imponer una millonaria multa cercana a los 21 millones de pesos a 113 niños bajo el argumento de “provocar daños a terceros”.

No obstante, externó, el juez tomó por válida la información presentada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fomento) que, al ser verificada por integrantes del movimiento, no corresponde con sus dichos.

“Revisamos la situación de cada uno de los lotes y quiénes son sus propietarios. Conforme lo anterior, resumimos que ni Profepa ni Fonatur deben insistir en señalar a BI & Di Real Estate como única responsable de los incumplimientos a los que estaba obligado Fonatur, menos cuando una entidad vendió los últimos lotes en octubre de 2015”.

Esa fecha es posterior a las primeras denuncias por la tala de manglar en la zona y procedimientos administrativos de la autoridad.

“El juzgado cuarto actuó de forma irresponsable al tomar por buenos supuestos daños a terceros, cuando legalmente gran parte de lotes en Tajamar siguen siendo propiedad de Fonatur (y no de particulares) o del municipio, y las compraventas se hicieron a terceros que conocían la situación irregular de los predios”, sostuvo la litigante.


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