La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abre la posibilidad para que se despenalice el aborto en Yucatán, opinó Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el crecimiento personal (Unasse).
Con esto se garantiza, expuso, no más criminalización legal y se abre esta puerta para una modificación al Código Penal de Yucatán y eliminar el aborto como delito, “que sea una realidad y las mujeres puedan ejerces este derecho a decidir sobre sus cuerpos y su reproducción”, explicó la también activista.
Ahora, según indicó, es trabajo de las y los legisladores del Congreso estatal para hacer que esto quede plasmado y sea real en la ley.
“Esto es el reflejo y la consecuencia del trabajo y la lucha que los grupos feministas iniciaron al cual se sumaron más mujeres y los avances que se han tenido en el tema de derechos humanos y que ha permeado a las porras instituciones”, manifestó.
Este 7 de septiembre, en un acto considerado como histórico, por unanimidad de sus diez ministros presentes, la SCJN declaró inconstitucional sancionar penalmente y criminalizar a las mujeres que aborten.
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“Es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. Por primera vez, la Corte se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales”, indicó el organismo en un comunicado.
La ministra Margarita Ríos Farjat argumentó a favor de esta decisión que en este asunto están en juego los derechos humanos, pues el acceso libre y seguro a la interrupción voluntaria del embarazo no está prohibido en la Constitución, por lo que se debe evitar la intrusión del Derecho Penal en este tema.
En entrevista para La Jornada Maya, Ojeda Sosa explicó que esta resolución genera varios precedentes para los jueces de poderes judiciales federales y locales, “por ejemplo si una mujer es llevada a proceso por aborto, ahora las y los jueces no la podrán juzgar y la tendrán que dejar en libertad, pues no hay delito que perseguir”.
Asimismo, agregó, esta inconstitucionalidad de la penalización por aborto se extiende al personal de salud, “quienes presten servicios de salud y apoyen a las mujeres que de manera voluntaria deseen interrumpir su embarazo, tampoco se les llevará a proceso. No están cometiendo un delito”.
Aunque se declara inconstitucional el delito de aborto, este delito también está marcado en el Código Penal de Yucatán, por lo que esta determinación obliga a ser analizado y atendido por el legislativo local para eliminarlo. “El congreso local tendría que analizarlo para eliminarlo y adecuar el Código Penal a los criterios que se señala en este precedente de la Suprema Corte”, detalló.
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La activista precisó que las y los diputados están obligados a hacerlo, porque el Artículo 1 constitucional obliga a todas las autoridades, incluyendo a las administrativas de todos los niveles y poderes a actuar en consecuencia para el reconocimiento y garantía de los derechos humanos.
No es que esta obligación, aclaró, venga directamente de la resolución de la Corte, no es necesario que en algún párrafo indica que los congresos estatales tengan que legislar en el tema de delito de aborto porque se ha declarado inconstitucional. “Porque ya está en nuestra propia constitución”, expresó.
En el caso de mujeres que están en la cárcel por el delito de aborto, la especialista comentó que ahora podrían hacer una solicitud para exigir su libertad de acuerdo a este precedente, porque es un criterio que las beneficia.
Este martes, el gobierno de Coahuila ordenó que las mujeres que se encuentran en la cárcel por practicarse abortos deben ser liberadas debido al efecto retroactivo que tiene la resolución de la (SCJN, que invalida la sanción prevista en el Código Penal de Coahuila para quien interrumpa su embarazo.
Si bien, en Yucatán, de acuerdo con Amelia Ojeda Sosa, no hay mujeres presas por aborto, sí existen procesos en contra de las mujeres que tuvieron eventos obstétricos, abortos de segundo y tercer trimestre, pero que están siendo procesadas por homicidio en razón de parentesco.
Entonces, “es otro trabajo que tenemos que hacer para ver que no busquen generar similitudes con delitos o meter a otro tipo penal en eventos que médicamente son procesos fisiológicos de abortos, y no convertidos en homicidios en razón de parentesco ”, señaló.
La activista reconoció que los diputados del congreso han actuado con anterioridad vulnerando los derechos humanos, acciones contrarias a obligación normativa que tienen, sin embargo ahora existen más mecanismos para exigirles el cumplimiento, amparos, demandas, resoluciones de la SCJN.
Además, ya hay un primero paso, ya que recordó que a finales del mes de agosto la coordinadora de la nueva bancada de Morena en el Congreso de Yucatán, Alejandro Novelo Segura, prometió que presentaría una iniciativa de ley para despenalizar el aborto en el estado; y esto se respalda con lo determinado por la corte. Estás más obligados a discutir esta iniciativa y aprobarla.
“Como cualquier proceso legislativo hay que presentar una iniciativa encaminada en la despenalización del aborto, que se tiene que analizar en comisiones y llevar al Pleno para la votación”, expresó.
También comentó que las agrupaciones civiles promoverán esta información para que conozcan sus derechos y, además, serán vigilantes para que el congreso haga su trabajo acorde a los derechos humanos y sus obligaciones que la constitución les impone.
Edición: Laura Espejo
