Katia Rejón
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 18 de abril, 2018

“El ASPY promueve el negocio verde, el crecimiento verde, el turismo y los mercados verdes, en otras palabras, promueve el capitalismo verde. Los mayas aparecemos en el acuerdo sólo como parte del paisaje turístico”, afirmó Rusell Peba durante la rueda de prensa con motivo del foro [i]El pueblo maya peninsular ampara la vida de su territorio de las políticas públicas que la mercantilizan[/i], realizado el 16 de abril, con la participación de defensores de derechos humanos y la Asociación Civil Educación Cultura y Ecología Educe.

El ASPY es el Acuerdo de Sustentabilidad de la Península de Yucatán, firmado por los gobernadores de Yucatán, Campeche y Quintana Roo el 10 de diciembre del 2016, en el marco de la [i]Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica[/i] (COP13). Este acuerdo, expusieron en el foro, está avalado por empresas y organizaciones que buscan invertir en el territorio de la península.

Entre las inconformidades del pueblo maya sobre el acuerdo se encuentra el hecho de que esté redactado sólo en español, a pesar de que involucra a toda la península donde también se habla maya. Tampoco se publicó en ninguno de los [i]Diarios Oficiales[/i] de los tres estados, cuando según la ley, todos los acuerdos se deben publicar en los siguientes cinco días. Ni hubo una consulta previa por los proyectos que se pretenden desarrollar en territorio indígena.

Pedro Uc Be y Rusell Peba Ocampo impusieron un amparo contra este acuerdo, mismo que fue aprobado a su favor. “Nosotros estamos denunciando este acuerdo porque representa la legalización del despojo de los territorios mayas. La economía verde no es a beneficio de nuestros pueblos. Actualmente hay una gran cantidad de empresas extranjeras invadiendo nuestros territorios”, afirman.

Dentro del ASPY se establece que para el 2020 habrá un 80 por ciento menos deforestación y se restaurarán 250 mil hectáreas. Sin embargo, la meta es incompatible con la aprobación de proyectos de granjas porcícolas y energías renovables que deforestan gran cantidad de hectáreas. “Podemos hacer un recuento de hectáreas del territorio indígena como el del parque eólico Motul, que tomará dos mil hectáreas y una ampliación a tres mil más. Una parte de este acuerdo para la sustentabilidad que se van a restaurar 250 mil hectáreas, yo no sé cuáles”, agregan.

El poeta maya Pedro Uc explicó que hay cuatro líneas de desarrollo dentro del acuerdo:

Trabajo de las semillas transgénicas “perjudica porque deforesta grandes cantidades de tierra, impacta contra las abejas y el agua. Hay estudios de Hopelchén en los que se encontró trimostato en la leche materna de los niños”.

Las granjas porcícolas, como el proyecto de Homún, son cuestionados por la población maya en varias manifestaciones.

El Turismo. “En Temax nuestros compañeros nos dicen que el gobierno quiere agarrar hectáreas de tierra con el pretexto de usarlo como zona de reserva y después entregarlo a las empresas para sus grandes negocios turísticos”.

Las energías renovables, eólicas y motovoltáricas como el parque de Motul que, según los ejidatarios, perjudica la apicultura, ganadería y cultivos de la población.

Los demandantes acusaron que al poner el amparo, el juez lo rechazó con el argumento de que ellos no eran indígenas. “Afortunadamente hace unos años gané premios de poesía maya así como unos talleres en el sur del estado por la cual me dieron una constancia que justamente firmó Batllori [titular de la Seduma]. Con ese documento obtuvimos la sentencia a favor de nosotros”, explica Pedro Uc.

El abogado de los demandantes, Raymundo Espinoza, advierte que el acuerdo busca convertir “eso que ellos llaman paisajes bioculturales, en materia de inversión y objeto de capitalización”.


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