Óscar Rodríguez
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Viernes 23 de marzo, 2018
Yucatán vive momentos de trabajo intenso y acciones precisas en camino a la consolidación de las responsabilidades de los sujetos obligados en torno a la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos, afirmó Susana Aguilar Covarrubias, comisionada presidente del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, al rendir su informe de actividades ante el Congreso del estado.
Aguilar Covarrubias destacó la consolidación de un Yucatán preparado para afrontar los retos que implican las reformas en materia de combate a la corrupción y la sólida implementación de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y de la Ley General de Archivos, aprobada en diciembre del 2017.
Apuntó que al 31 de diciembre de 2017 se registraron 244 sujetos obligados. A esa fecha, 92 por ciento de ellos habían remitido el nombramiento del responsable de su Unidad de Transparencia; 91 por ciento integró su comité de transparencia, ocho por ciento envió la normatividad interna de sus unidades y comités de transparencia, y este mismo porcentaje remitió sus listados de sindicatos a los que les otorgaron recursos.
Detalló que durante 2017 los ciudadanos realizaron 9 mil 627 solicitudes de acceso a la información pública, mientras que en materia de recursos de revisión se interpusieron 601, siendo la Secretaría de Seguridad Pública, el Ayuntamiento de Mérida y el Consejo de la Judicatura los más recurridos, de los cuales 94 por ciento de los casos resueltos por el Inaip favorecieron al ciudadano.
Destacó también que en este período se firmaron convenios con 107 sujetos obligados.
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada