Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Twitter @ValladolidMX
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Jueves 18 de enero, 2018

Hasta ahora, el municipio de Valladolid que encabeza la alcaldesa de Morena, Alpha Tavera Escalante, no ha recibido notificación de denuncia alguna por la clausura inicial, y posterior suspensión, de la construcción de cuatro gasolineras en dicha ciudad, definida por la Secretaría de Turismo a nivel nacional, como “Pueblo Mágico”, y que por el boom turístico que actualmente vive se ha vuelto una prenda muy ambicionada por inversionistas y desarrolladores.

En días pasados circuló la versión de que el abogado de una de las dos empresas involucradas en el litigio por la construcción de cuatro gasolineras en la zona colindante con el Centro Histórico de Valladolid había denunciado a Tavera Escalante y al director de Obras Públicas, Enrique Ayora Sosa Jesús, en lo que parecía una declaración de tonos electoreros.

Según esta versión, el abogado, Abraham Montoya Melo, asesor jurídico de la empresa Full Gas, presentó una denuncia penal contra la alcaldesa y su colaborador, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y amenazas. Sin embargo, Ayora Sosa rechaza haber realizado amenaza alguna y, al contrario, dice que a él lo han amenazado, al parecer con la finalidad de amedrentarlo.

El abogado de Full Gas mencionó en particular que les habrían clausurado “sin fundamento legal la construcción de una gasolinera en un predio ubicado en la calle 37 entre 30 y 32”.

Sin embargo, la misma alcaldesa explicó a La Jornada Maya y a Infolliteras.com que no ha recibido notificación sobre alguna denuncia: "no ha habido clausura, sino suspensión de una obra; se está estudiando el caso, porque en Valladolid no queremos impedir el desarrollo de la ciudad, pero tampoco que se hagan las cosas fuera de la ley. Todo empresario que vaya a invertir a Valladolid y que cumpla con todas las requisiciones que la ley nos pide, nosotros estamos dispuestos a cumplir con la ley”, indicó.

La alcaldesa insistió en asegurar que “desconoce que ella haya sido denunciada por algo” y afirmó que “si llega la notificación analizarán cuál es la demanda y contestaremos: yo estoy con mi conciencia tranquila porque en mi gobierno nada se hace fuera de la ley”.

Al respecto, Ayora Sosa explicó que en Valladolid, inicialmente, se clausuraron cuatro gasolineras, tres pertenecientes a Full Gas y la otra a la empresa Mayapam. En ninguno de los casos mencionados se habían iniciado las obras, únicamente habían llevado maquinaria a los terrenos.

Explica que cuando Morena tomó la administración en noviembre de 2016, “ese año nos enteramos de la existencia de licencias de uso de suelo y permiso de construcción para dichas obras”.

El asunto, nos dice, es que no había nada de dichos documentos en el municipio, y ni siquiera la gente de la dirección de Obras Públicas sabía o estaba al tanto de que se habían entregado dichos permisos.

"Fue entonces cuando pedimos a las dos empresas que presentaran los documentos y descubrimos que las cuatro gasolineras se encontraban en los límites del Centro Histórico de Valladolid".

El asunto es complejo jurídicamente, ya que el ex alcalde Roger Alcocer, en su afán por favorecer los intereses de los empresarios gasolineros, modificó a última hora el reglamento municipal para permitir la construcción dentro de las delimitaciones del Centro Histórico.

Tras la clausura inicial, la administración de Tavera Escalante volvió el reglamento a como estaba antes de la modificación realizada tramposamente por Roger Alcocer, quien ha sido denunciado además por la desaparición de 14 millones de recursos federales y la apropiación de un terreno del municipio valorado en 12 millones de pesos.

El objetivo de la administración de Alpha Tavera, dice el director de Obras Públicas, era “proteger el Centro Histórico, por lo que restringimos el uso y decidimos ir en contra de las obras y clausuramos tres, en las que habían metido maquinaria”.

A finales del año pasado Full Gas obtuvo dos amparos federales para igual número de terrenos que le habían clausurado con el argumento de que no tenía sus documentos en orden, pues su permiso de uso del suelo se lo habrían otorgado en la administración pasada de manera irregular, puntualiza Ayora Sosa.

Evidentemente, las dos empresas se ampararon "y después, el juez de distrito dictaminó que quitáramos los sellos", relata el funcionario municipal.

El juez dijo que se levantaran los sellos y se permitiera la entrada a Full Gas, pero le dijo a la autoridad municipal que seguíamos teniendo autoridad para vigilar el cumplimiento del reglamento y la supervisión obra.

Es decir, si bien el juez determinó que ganaron el amparo contra el proceso de clausura, esos amparos a su vez ya vencieron, dice. Y lo que hay ahora es una suspensión de la obra, en el caso de la obra ubicada en la calle 37 por 32, frente al domo del mercado.

En el caso de la que se ubica en la 42 y 47, a dos cuadras del parque de San Juan, al parecer Full Gas declinará construirla, también por la presión de los vecinos que se oponen, nos dice.
Asegura que Full Gas hace mes y medio metió una máquina y “suspendimos obra por la incongruencia de los documentos y la empresa no se ha vuelto a presentar”, afirmó.

Y asegura que él “jamás los amenazó; ellos sí me amenazaron con meterme a la cárcel, ellos actúan sin acercarse a la Dirección y quieren amedrentarnos pero nosotros nos hemos apegado a la legalidad”, insiste el funcionario municipal.


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