Lilia Balam
Foto: Enrique Osorno
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Domingo 21 de julio, 2019
Tras un retraso de poco más de un mes, el refugio para mujeres víctimas de violencia extrema de la asociación civil APIS, Fundación para la Equidad, por fin recibió los recursos federales necesarios para su operación, reveló Leticia Murúa Beltrán Aragón, directora general de la agrupación.
El dinero era esperado desde mayo. Sin embargo, a raíz de los ajustes en los recursos para esos recintos realizados por la Federación, se recibió hasta la primera semana de julio, explicó.
“Afortunadamente se liberó la primera ministración. Si no hubiera llegado este mes, nos hubiéramos visto en la necesidad de cerrar. Las operaciones de un refugio son de alto costo. Incluso antes de que se pudieran liberar, un refugio, el de Guanajuato, cerró y lo lamentamos porque ahí hay altos índices de violencia y feminicidios”, apuntó Beltrán Aragón.
Fueron 3 millones de pesos los que recibió el refugio de APIS, cantidad ligeramente menor a la que recibía en años anteriores. Sin embargo, la reducción “no es sustancial”, por lo que no afectará el desarrollo de las actividades del inmueble, comunicó.
Beltrán Aragón exhortó a las autoridades federales a que el próximo año exista regularidad en los procesos de entrega de recursos para los refugios.
“Que volvamos a tener regularidad, que la convocatoria salga a tiempo y los fondos también. Las organizaciones siempre estamos dispuestas a que todos los servicios y el ejercicio del gasto sean fiscalizados y tengan mucha transparencia”, apuntó.
Recordó que los retrasos en la entrega de recursos afectan la atención que se brinda a las mujeres víctimas de violencia extrema y a sus familias, ya que en el caso del refugio de APIS se atiende también a sus hijos “para contribuir a que el ciclo de violencia se detenga y se rompa”.
Cabe mencionar que el refugio de APIS cuenta con cinco núcleos para atender a las víctimas de violencia. Esa asociación también cuenta con un centro de atención, al cual acuden alrededor de 100 personas al mes por casos de violencia física, sicológica y económica, para recibir atención, asesoría e incluso representación legal, la cual “es la parte un poco complicada”, porque “los procesos que llevan las mujeres para acceder a la justicia con muy lentos”. Según explicó la directiva, la agrupación todavía lleva casos que datan de 2014.
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