Lilia Balam
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Lunes 17 de junio, 2019
El profesor de la Escuela Preparatoria Uno de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), acusado de haber hostigado sexualmente al menos a cuatro estudiantes de ese plantel, no continuará impartiendo las clases que estaban a su cargo ni podrá acercarse a las menores afectadas en tanto se investigan las denuncias, reveló Renán Solís Sánchez, abogado general de la institución.
Como ha informado [i]La Jornada Maya[/i], en días pasados, Paola, alumna de la Preparatoria, publicó en redes sociales que el profesor C.E.C.R le tocó la pierna cuando ella acudió a hablar con él sobre sus calificaciones. La madre de la menor levantó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y la comunidad estudiantil convocó a una protesta en el edificio central de la UADY para exigir justicia.
De acuerdo a la representante de la campaña “UADY sin acoso”, Rosa Elena Cruz Pech, tras conocerse el caso de Paola, otras tres estudiantes denunciaron haber sido hostigadas por el mismo docente.
En entrevista, Solís Sánchez indicó que desde que la Universidad tuvo conocimiento del caso de Paola inició las investigaciones correspondientes, de acuerdo al contrato colectivo de trabajo de la planta docente. Actualmente se desarrolla una pesquisa administrativa en la que participan tanto la directora del plantel, Ligia Herrera Correa, como otros miembros de la UADY.
Aunque no precisó cuántas denuncias se establecieron contra el profesor, admitió que fueron varias y las madres de las menores afectadas no solamente notificaron a la Universidad de los incidentes: también acudieron a la Fiscalía y a la Codhey.
Este último organismo recomendó establecer medidas cautelares al acusado, misma que la UADY aceptó. “Nosotros respondimos que sí y las establecimos: el profesor tendrá una restricción de no impartir las clases que llevaba a cabo y no podrá acercarse a las menores”.
El abogado recalcó que la Universidad colaborará en las investigaciones tanto de la FGE como de la Comisión, ya que “no hay nada que ocultar” y se trata de procesos “serios y responsables, que arrojarán resultados de acuerdo a las pruebas que se aporten”.
Según Solís Sánchez, la UADY tiene un plazo de 30 días para concluir las pesquisas y emitir una resolución sobre el caso.
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