La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Lunes 17 de junio, 2019
Ejidatarios y campesinos de comunidades como Motul, Buctzotz, Sinanché, Suma, Bokobá e Ixil, entre otros municipios, se manifestaron ayer 17 de junio y clausuraron simbólicamente las instalaciones del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, ubicado a un costado del consulado de Estados Unidos.
Los manifestantes exigen se les pague los justo por las tierras de sus ejidos ocupadas para instalación de proyectos de energías renovables, además piden la destitución del magistrado Antonio Luis Betancourt, a quien acusan de corrupto y estar coludido con Rafael Acosta, abogado asesor de los empresarios promotores de estos proyectos.
Igualmente demandaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, para arreglar esta situación.
Los manifestantes anunciaron que permanecerán en el lugar, donde colocaron mantas y cintas amarillas, hasta que se atiendan sus exigencias.
El magistrado mencionado asistió a las instalaciones a fin de dialogar con los quejosos, quienes lo corrieron del lugar gritándole “corrupto” y “ladrón”, lo que causó la molestia del jurista, quien luego pidió perdón a la prensa y expresó irónicamente “Amor y paz”. También corrieron a personal de la dependencia que llegó con actitud prepotente al lugar.
Posteriormente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública cercaron la entrada del Tribunal para evitar confrontaciones.
Julio Balam Escamilla, asesor de los ejidatarios y Marcelino Alonso Chuc, comisario ejidal de Motul, indicaron que son más de 5 mil ejidatarios los afectados con esta situación. Balam Escamilla precisó que quieren la destitución del magistrado porque temen que dicte sentencia a favor de estas empresas de energías alternativas para entregar sólo “una miseria” a los pobladores por sus tierras y, en el caso específico de Motul, fallaría en contra del acta de elección del nuevo comisario.
Asimismo, acusan al magistrado de haber asignado, en administraciones ejidales anteriores, más de mil 200 hectáreas a gente de Sinaloa y otras partes del país, y a este paso “dejaría al ejido despojado de sus tierras.
“En cada audiencia el magistrado dice: ‘acepten, no pueden pagar más’; él no quiere que nos paguen lo justo porque ya le llegaron al precio y pedimos que se pague más”, enfatizó Balam Escamilla.
El asesor de los manifestantes indicó que las empresas sólo quieren pagar un dos por ciento de lo que valen sus tierras, que son como 10 millones de pesos al año. “Una miseria”, pues indicó que ya se hizo un avalúo que indica que, sólo en Sinanché, el alquiler anual sería superior a los 75 millones de pesos por mil 87 hectáreas, y en Cansahcab, 32 millones por 300 hectáreas.
A su vez, precisó que sólo en Motul se dio una práctica constante: falsificación de asambleas para despojar de sus tierras a pobladores y asignar tierras a prestanombres.
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