Óscar Rodríguez
Foto: Google Maps
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Martes 7 de mayo del 2019
La secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, dio acuse de recibido al anuncio de la carta enviada por parte del Congreso del estado al Ejecutivo yucateco, donde se advierte una resolución del Poder Legislativo de Quintana Roo que podría afectar los límites entre ambas entidades en perjuicio de Yucatán, al afirmar que se analizará tal situación para responder conforme a derecho.
En entrevista, la funcionaria estatal aseguró que la Consejería Jurídica, al conocer el caso, se abocó a analizar los alcances del decreto realizado por parte del Poder Legislativo de Quintana Roo, donde ajusta sus límites territoriales, el cual, según un análisis del Congreso de Yucatán, afectaría a los municipios de Tekax, Peto y Chemax.
“La Consejería estudia los alcances jurídicos de la aprobación que hizo el Congreso de Quintana Roo, y una vez que se entienda cuáles son los alcances, se actuará siempre en defensa de lo que Yucatán requiera para defender los límites”, dijo.
Fritz Sierra consideró que el Congreso de Quintana Roo actuó en pleno uso de la autonomía que le corresponde para decidir sobre las necesidades que la población del vecino estado requiera.
“Es una situación que viene desde hace más de 20 años, en lo que se llama el Punto PUT, pero no se ha definido, inclusive, creo que llegó a la Corte, pero por ahora nosotros estamos haciendo un estudio muy serio de los alcances de esto y actuaremos siempre en defensa de lo que a Yucatán le corresponda, simple y sencillamente”, acotó.
El Congreso de Yucatán envió una misiva al gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, donde le informa de una resolución legal por parte del Poder Legislativo de Quintana Roo, donde se hacen ajustes a su zona limítrofe que afectarían territorio yucateco.
De acuerdo con lo expresado el pasado lunes por el diputado Enrique Castillo Ruz, en caso de existir alguna afectación unilateral, cualquiera de los tres poderes del estado está facultado para promover una controversia constitucional ante la justicia federal.
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