Falta generar cultura de DH en Yucatán: José Gustavo Arjona

Katia Rejón
Foto: Notimex
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 23 de abril, 2019

“Al estado le falta mucho para generar una cultura de derechos humanos”, expresó José Gustavo Arjona Canto, secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) en una entrevista sobre los derechos reproductivos, negligencia médica, comunidades indígenas y matrimonio igualitario con [i]La Jornada Maya[/i].

En su opinión, hace falta trabajar en la prevención y en la difusión de los derechos humanos para que las personas conozcan cuáles son sus derechos, así como un plan estatal de derechos humanos que permee en instituciones y sociedad en general.

[b]Derechos reproductivos[/b]

Hace dos semanas, [i]La Jornada Maya[/i] publicó un suplemento titulado “Maternidad Forzada: El mito del aborto legal en Yucatán” en el cual se aborda la dificultad de las mujeres para acceder a sus derechos reproductivos reconocidos en la ley. Al ser cuestionado sobre el tema, Arjona Canto contestó que muchas veces no se conocen los casos o las mujeres toman otras vías más directas hacia las instituciones que obstaculizan.

Comentó que hace unos años, los medios de comunicación documentaron que una ciudadana de Muna intentó practicarse un aborto legal por cuestión económica, y porque ya tenía tres hijos más; al principio no se lo quisieron practicar pero fue dirigida a la Secretaría de Salud directamente con el amparo.

Otro caso, agregó, fue de una joven de Valladolid, uno de los tres municipios junto con Tekax y Mérida donde la Codhey tiene una delegación. No querían interrumpir su embarazo, producto de una violación, porque ya estaba muy avanzado. Los primeros médicos no querían por cuestiones religiosas pero finalmente accedió al derecho.

Precisamente en Tekax, hace diez años una mujer fue sentenciada a 12 años de prisión. Evelia fue acusada de homicidio en razón de parentesco por una aborto espontáneo, producto de una violación que quedó impune. Al respecto, Arjona Canto explicó que no se supo del caso hasta ahora, cuando está a punto de salir libre.

“El tema de la criminalización del aborto es recurrente en toda la República, es muy polémico. Como Comisión de Derechos Humanos damos capacitación periódica a hombres y mujeres de todos los municipios que van desde la no discriminación a la erradicación de la violencia”, afirmó.

Del 2018 a la fecha han realizado 55 acciones para promover los derechos de las mujeres entre alrededor de 3 mil personas. Los talleres son impartidos en centros educativos, foros con la comunidad y autoridades.

A pesar de los esfuerzos, continúan las denuncias. El secretario dio a conocer que tienen una queja vigente por violencia obstétrica interpuesta en marzo. Entre los agravios, la parte afectada señala el desconocimiento del protocolo de la Norma 046, la cual establece el protocolo que deben seguir los prestadores de servicios de salud de los sectores público, social o privado en todo el territorio nacional, para la detección, prevención, atención médica y orientación a las personas afectadas por la violencia familiar o sexual.

“Al ser una comisión de derechos humanos, no estamos supeditados a lo que se establezca en la ley estatal, vamos más allá inclusive con la aplicación de tratados internacionales, convenios, protocolos, criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mediante esa facultad, podemos recomendar a las autoridades para que apliquen la norma. Vemos que existen algunas cuestiones de la legislación que no han aterrizado estos protocolos y derechos sobre todo en el derecho a la salud, integridad física y sicológica. En el Código Penal no hay nada que hable de salvaguardar la integridad sicológica de la mujer”, expresó.

[b]Negligencia médica[/b]

El secretario pidió no criminalizar la actividad médica, aunque haya falta de probidad o negligencia en algunos casos, ya que generalmente las carencias vienen de la estructura del servicio público; sin embargo, en las últimas semanas se dio el caso del joven de 18 años con discapacidad que falleció a las puertas del Hospital O’Horán tras dificultades para que lo atiendan.

Otro caso es el de Jennifer Macdonald, una mujer que sufre una rara enfermedad para la cual se necesita un tratamiento costoso y que el estado se encuentra obligado a proporcionar. Lleva 20 días esperando las vacunas que debieron de aplicarle en 24 horas a partir de la orden de un juez federal. Sobre esto contestó que la delegación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es quien tiene jurisdicción al tratarse de un caso nacional.

En relación con el joven con discapacidad que falleció el pasado 15 de abril en el Hospital O’Horán a causa de negligencia médica, José Gustavo Arjona Canto afirmó que la institución ya emitió una queja iniciada de oficio.

“Muchas de las quejas se inician a petición de la parte afectada, pero otras las abrimos de oficio, gracias al sistema no jurisdiccional que rige a la institución. Con la prensa hacemos coadyuvancia pues cuando nos enteramos de un caso, sobre todo de cuestiones ambientales y de salud, le damos seguimiento”, expresó.

[b]Matrimonio igualitario[/b]

Sobre el tema del matrimonio igualitario que fue rechazado en el Congreso en días pasados, comentó que no procedería una acción de inconstitucionalidad que promoviera la Codhey. Esto debido a que la ley marca la posibilidad de esta acción en los siguientes 30 días a partir de una norma promulgada, pero en este caso no se promulgó sino que se rechazó una modificación.

“Tendría que volver a generarse una iniciativa en los dos temas [aborto y matrimonio igualitario] para que pueda darse ese supuesto”, afirmó.

Mencionó que la Codhey también tiene quejas abiertas sobre proyectos de desarrollo. “Los proyectos que se ofrecen en el estado no los podemos tachar como algo malo en primera instancia, pero pueden afectar a las comunidades y los pueblos indígenas. Es un tema obligado en derechos humanos, e históricamente es un grupo en situación de vulnerabilidad”, agregó.