Piden activistas legislar matrimonio igualitario sin "visiones religiosas"

Lilia Balam
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Lunes 25 de febrero, 2019

Miembros del recién conformado Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán expresaron que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (Codhey) ha sido omisa en la defensa de los derechos humanos y que confían en que la nueva administración de ese organismo sea diferente a las anteriores para que se manifiesten a favor de los derechos de la comunidad LGBTTTI+. Exhortaron a los legisladores locales a abordar la propuesta para permitir los matrimonios igualitarios en la entidad con argumentos jurídicos y no con “visiones religiosas” .

Los activistas comunicaron que el día de ayer entregaron una carta a Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), así como a miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Codhey, en la que describen la situación del proceso legislativo que atraviesa la entidad en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo y externan sus preocupaciones al respecto, como es el caso del discurso homofóbico de algunos funcionarios y la desinformación respecto a la propuesta para permitir el matrimonio igualitario.

“Esos discursos aumentan los índices de [i]bullying[/i] y violencia en los espacios públicos, puesto que se estigmatiza e incluso se señala como un peligro a las personas cuya familia tiene una composición distinta al modelo considerado “normal” o tradicional. En muchos casos ha empujado al suicidio a personas de la comunidad LGBTTTI+, particularmente a adolescentes”, explicó el activista Manuel Centella Escobedo.

Por ello, los integrantes del Colectivo hicieron un llamado a que los diputados locales aborden la iniciativa para reformar el Código de Familia con argumentos jurídicos e institucionalidad laica, y no con “visiones religiosas” que obstaculicen el ejercicio de los derechos de quienes no comparten las mismas creencias.

Comentaron que si el Congreso vota en contra de la propuesta “mandaría el mensaje implícito a la sociedad de que eso no es normal, no debe aceptarse o es peligroso”, por lo que invitaron a los legisladores a reflexionar el impacto de esa acción.

El activista Carlos Escoffié Duarte fue cuestionado sobre las declaraciones de la diputada panista Rosa Adriana Díaz Lizama, quien ha comunicado que el 99 por ciento de la población está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Al respecto, contestó que la legisladora debe exhibir las pruebas de tales afirmaciones y reiteró que el tema no es cuestión de popularidad, además de que los derechos humanos no se someten a consulta.

La activista y empresaria Olga Moguel Pereyra externó que hasta ahora la CODHEY “ha sido omisa” en la defensa de los derechos humanos, pues se limita a impartir talleres de capacitación, emitir recomendaciones “muy tibias de temas que no generan aspereza a la administración pública ni a ninguna figura con peso político”, por lo cual la expectativa es que la administración del ombudsman Miguel Sabido Santana “demuestre un cambio en comparación con las administraciones anteriores y se manifieste a favor de los derechos”.