Óscar Rodríguez
Foto: Rodrígo Díaz Guzmán
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Lunes 4 de febrero, 2019
El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Carlos Ramírez Aguilar, insistió en la necesidad de la creación del llamado “testigo social”, junto con mecanismos que protejan a quienes denuncien actos de corrupción dentro de procesos de licitación, contratación y terminación de obras públicas.
En entrevista, Ramírez Aguilar recordó que una de las principales propuestas presentadas en el primer foro, Contratación en las operaciones con proveedores de servicios y contratistas a organismos gubernamentales, organizado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, fue la creación de la figura del “testigo social”.
El empresario señaló que mediante la figura del “testigo social” se logrará transparentar y dar seguimiento a todos los procesos de licitación, contratación y terminación de todo tipo de obras con recursos públicos, con lo que se le pondrá un freno a cualquier intento de actos de corrupción como los llamados moches.
También expuso que este perfil deberá ser con carrera profesional y que tenga conocimiento de estos procesos en los que participan empresas y dependencias gubernamentales, además con una reconocida probidad.
“Otra de las propuestas que la AMIC apoya es la creación de un mecanismo que permita la protección de quienes denuncien actos de corrupción, ya que actualmente es muy difícil que alguien lo haga por el temor a las represalias”, expuso.
Recordó que en el foro, en que también participaron otras dependencias y organizaciones de la sociedad civil, se expuso la urgencia de elaborar políticas públicas y leyes que permitan una evaluación en materia de transparencia, equidad y justicia, para combatir la corrupción y la impunidad.
Finalmente, Carlos Ramírez destacó la importancia de que los ciudadanos cuenten con las herramientas para manifestar sus inquietudes y propuestas sobre los procesos de contratación y operaciones con proveedores de servicios y contratistas a organismos gubernamentales.
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