Yucatán, de los estados con mayor violencia contra la infancia: INEGI

Texto y foto: Juan Manuel Contreras
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 30 de enero, 2019

De acuerdo con organismos mundiales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la entidad se encuentra entre los lugares donde la mujer es víctima de la violencia, y dentro de este grupo las niñas con discapacidad son las más vulnerables, por ello ayer fue presentado el proyecto al que la Comuna de Mérida se sumó: “Rutas de Prevención y Atención a la Violencia Contra las Niñas con Discapacidad en el Estado de Yucatán”, de la mano de la Asociación Ciencia Social Alternativa, A.C. (Kóokay) en conjunto con la ONU.

La maestra Natalia Calero Sánchez, especialista en Gestión de Programas de la ONU Mujeres México, reconoció el trabajo de Kóokay, única organización que este año obtuvo el fondo fiduciario que aporta las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer.

El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, reveló que existen cerca de 40 mil personas con alguna discapacidad -física o mental- en la ciudad; y admitió que se trata de un segmento poblacional poco atendido, con escasez de políticas públicas e infraestructura para atender los múltiples problemas que presenta.

“Ojalá que el resultado de este programa nos permita tener un semáforo de avance, que nos trace ruta y que cada vez la brecha esté más abierta para que podamos caminar. Cuenten con el Ayuntamiento de Mérida”, aseguró.

En primera instancia el proyecto contempla la participación de cinco municipios: Valladolid, Motul, Tizimín, Ticul y Mérida.

Calero Sánchez lamentó que la violencia contra las mujeres sea una de las violaciones más graves en materia de derechos humanos; más extendida, tolerada y arraigada.

"En el mundo, al menos una de cada tres mujeres sufre violencia, y en algunos países siete de cada 10. Violencia en casa, espacios públicos, educativos y políticos”, expuso.

En ese sentido, destacó la necesidad de generar estrategias efectivas de prevención, marcos normativos y políticas públicas que brinden respuesta inmediata a la atención a la violencia y fortalecer las instituciones para que puedan responder a estas necesidades a través de la generación de datos, información y estadísticas.

También poner a disposición servicios accesibles que atiendan a mujeres y niñas víctimas de violencia, en este caso con discapacidad; así como la inclusión de todas las organizaciones pertenecientes a la sociedad civil.

“Las personas con discapacidad no esperan un asistencialismo del estado, son autónomas con base en su grado de discapacidad; y en ese sentido ellas mismas juegan un rol determinante en su vida y en su futuro”, aseveró.

[b]Peligro para niñas con discapacidad se duplica[/b]

Nancy Walker Olvera, representante legal de Kóokay, en el marco de la puesta en marcha del programa explicó que si una niña está en riesgo de ser víctima de un abuso sexual, por ejemplo, el peligro se duplica cuando se trata de una menor que padece discapacidad, sobre todo cuando es discapacidad motriz, y todas las dificultades que su condición conlleva para tener acceso a la justicia.

“Por ejemplo, una niña que no ve no puede reconocer a su agresor. Cuando se habla de que los abusadores son los mismos cuidadores, ahí se representa el caso de esta relación de dependencia para su aseo personal y movilidad”, expuso.

“Y no se diga cuando hablamos de niñas con algún tipo de discapacidad intelectual o social, en donde el comportamiento es diferente a lo esperado, por decirlo de alguna manera, las pone en un contexto verdaderamente desventajoso”, lamentó.

Destacó que el proyecto pretende visibilizar que las niñas se encuentran dentro desventaja todavía más profunda y con una desigualdad en las brechas de oportunidades, hacer notar las situaciones que viven y la falta de cumplimiento a sus derechos.

“También este ejercicio entre autoridades, dependencias, padres y madres de familia; niñas con discapacidades y organizaciones de la sociedad civil es para trabajar en conjunto y así, que este sector de la población deje de ser objeto de caridad y se conviertan en sujetas de derecho y los puedan ejercer”, finalizó.