Desempeño de Goff Ailloud, "deficiente": Indignación

Katia Rejón
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles de noviembre, 2017

En un contexto de racismo, violación del debido proceso y discriminación constante, los arrestos arbitrarios y la tortura por parte de cuerpos policiacos siguen siendo un tema preocupante en el país, según dio a conocer [i]Amnistía Internacional[/i] en un informe titulado [i]Falsas sospechas. Detenciones arbitrarias por la policía en México[/i].

El documento fue presentado este 15 de noviembre en el restaturante Amaro por parte de Carlos Azueta, representante de Amnistía Internacional en México, las integrantes del grupo Indignación Cristina Muñoz y Martha Capetillo, así como Pedro Euan, víctima de violación a los derechos humanos en 2016 en Yucatán.

Las activistas hicieron referencia a la imagen que se proyecta de Yucatán como un estado seguro y pacífico, en contraste con las denuncias de detenciones arbitrarias, tortura e impunidad ante las cuales la Fiscalía del Estado y la Comisión de los Derechos Humanos (Codhey) han sido deficientes.

El informe es un documento de 40 páginas que analiza de forma cualitativa las principales deficiencias de los cuerpos policiales y la corrupción del sistema de justicia mexicano. Amnistía Internacional es un movimiento mundial de más de 7 millones de personas que trabajan por los derechos humanos.

“En México ocurren arrestos con motivos de extorsión en los que la policía priva de la libertad a una persona con la finalidad de obtener recursos económicos a cambio de dejarla en libertad y no presentarla ante una agencia del Ministerio Público (fiscalía) o de no atribuirle algún delito o sembrar entre sus pertenencias evidencia para incriminarla” puede leerse en el texto.

Martha Capetillo, activista de los derechos humanos e integrante del grupo Indignación habló de varios casos de tortura en Yucatán, dos de los cuales aparecen también en el informe de Amnistía Internacional.

El primer caso es de José Adrián, un niño maya de 14 años con discapacidad auditiva que fue arrestado en 25 de febrero del 2016 en X can, pequeña comunidad oriental de Yucatán. Fue detenido por estar cerca de una riña entre dos jóvenes, durante la cual una patrulla fue dañada con una piedra.

Lo golpearon, le pisaron el cuello, le quitaron los zapatos, la camisa y lo esposaron. Lo amarraron a una pared para después seguirlo golpeando y fue amenazado para que se incriminara. El Estado le brindió atención médica hasta varios días después y de forma deficiente.

Para liberarlo, los papás tuvieron que pagar 2 mil 500 pesos por los daños de la patrulla, además de una multa de 700 pesos y firmar un convenio ante un juez de paz. La familia interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y ante la Fiscalía del Estado, pero todavía no hay avances en la investigación.

Pedro Antonio Euan, contó a los presentes su propia historia. Los policías entraron a su casa donde destruyeron muebles y otros objetos; lanzaron gases lacrimógenos, amenazaron a las personas que estaban ahí, golpearon y arrestaron a Pedro e hirieron a uno de sus hijos. Otro de sus hijos fue forzado a caminar sobre el asfalto caliente por lo que obtuvo quemaduras de segundo grado. Se presentaron denuncias en la Fiscalía General del Estado de Yucatán contra los policías, pero hasta ahora no ha habido ningún avance en la investigación.

Los motivos más frecuentes en los casos de arrestos arbitrarios son: para investigar a una persona, para decir que se resolvió rápidamente un delito cometido por alguien más, por motivos políticos, pagos de terceras personas para detener a un individuo, y extorsión a las personas arrestadas.

“Los casos nunca terminan, se siguen acumulando. Lo que tienen en común es la impunidad”, agregó Martha Capetillo quien recordó otros casos de tortura tanto del año pasado como de la semana pasada, y testimonios de violencia letal que fueron documentados con vídeos, viralizados y ante los cuales la policía yucateca no ha presentado sanción a pesar del conocimiento y pruebas contra los culpables.

Al preguntarles su opinión acerca de la nueva propuesta del Ejecutivo para que Enrique Goff, actual obdusmán, sea el visefiscal anticorrupción, Capetillo pidió a los presentes cuestionarse el proceso de selección de este viscefiscal y se refirió a “la terna de uno”cuando comentó que es claro que Rolando Zapata Bello no propondría a alguien que vigilara realmente su trabajo. También aclaró que ellos no ven en la figura de Goff alguien realmente comprometido con los derechos humanos, puesto que su desempeño ha sido insuficiente.

[b]Los policías, sin condiciones[/b]

La conclusión de los análisis realizados sugirieron que los policías no conocen el protocolo a seguir, y en muchos cuerpos policiales ni siquiera tienen un protocolo. Usan la fuerza sin motivo o con motivo pero de forma desproporcionada e incluso letal.

“Los informes policiales están mal, como la fecha y hora de la detención, o circunstancias. Los policías aceptaban no saber sobre el nuevo sistema penal, no haber recibido entrenamiento, no saben cómo detener a una persona o no tienen recursos como gasolina para llevarla inmediatamente con la autoridad”, aseguró Carlos Azueta.

En el informe proponen una serie de recomendaciones como proteger al sistema penal actual, quitar el arraigo y la flagrancia por señalamiento o los llamados “chivatazos”, dotar de recursos adecuados a los policías, otorgarles buenos salarios y garantías de trabajo.

A la sociedad civil recomendó denunciar no sólo a las autoridades formales sino a las organizaciones civiles, dar seguimiento y tratar de preservar la integridad. Preguntar quién está deteniendo, por qué motivo y tratar de contactar a alguien para explicar la situación.