Parques eólicos juegan con pobreza de comunidades mayas

Paul Antoine Matos
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Jueves 9 de noviembre, 2017

Las empresas de energía eólica que establecen sus parques en las comisarías ejidales de Motul, Cansahcab, Sinanché y Suma juegan con la pobreza, según los líderes de esos ejidos. Las empresas Aldesa Energías Renovables de México, Aldener, Fuerza y Energía Limpia de Yucatán y BHCE en complicidad con la Procuraduría Agraria de Yucatán, encabezada por Omar Corzo Olán, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuyo delegado es Jorge Carlos Berlín Montero, “han obtenido autorizaciones amañadas”, acusaron en rueda de prensa.

La Semarnat también ignoró la resolución administrativa emitida por la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Superior de Justicia Administrativa para suspender los trabajos en los parques eólicos Chacabal I y II, de las empresas Aldesa y Aldener, por el riesgo del daño de hábitat, flora y fauna en la zona. Los ejidatarios interpusieron demandas contra los proyectos.

Tampoco se realizó la consulta indígena obligatoria, según el mandato de la Secretaría de Energía y organismos internacionales, señalaron. Exigen que sean los ejidatarios socios reales de los proyectos de inversión.

Severiano Gutiérrez Celis, comisario ejidal de Sinanché, recuerda cómo los representantes de las empresas eólicas se le acercaron para sobornar a los ejidatarios y permitir los proyectos.

“En asamblea me di cuenta que jugaban con la pobreza. Ellos dijeron que con cualquier cantidad de dinero iban a engañar a las personas. Se comprometieron que en uno o dos años nos iban a dar un dinero adicional que iba a servir como una pensión. Como las tierras de allá son ejidales y somos de escasos recursos, no hay para trabajarlas y tampoco han venido programas”.

“Entonces con esto agarran y ofrecen pagar 125 pesos cada seis meses. La gente dice lo que caiga es bueno, porque lo necesitan, ahí la mayoría ya tiene una edad avanzada. Desde ese momento, la primera renta que fueron de mil 87 hectáreas, hasta yo caí, porque firmé”.

“Pero la segunda no caí, porque ofertan otra vez por la misma cantidad por 850 hectáreas. Después vienen con la línea de transmisión, nos dicen y nos ofrecen un solo pago de 400 pesos. A la hora del pago nos lo ofrecen el jueves y para el sábado lo están pagando, haces seis firmas para recibir el pago, pero cuando abrían sus sobres los ejidatarios solo tenían 300 pesos y no 400 pesos como habían dicho. Que supuestamente es pa’ pagar IVA”.

Don Severiano entró hace cinco meses como comisario ejidal. Las empresas pagan cada seis, en marzo y septiembre. Apenas hace dos meses lo fueron a visitar por primera vez desde que obtuvo su cargo, para realizar el pago.

“Me dicen: comisariado, hay que pagar esto, solamente que queremos que las cosas se hagan como habían trabajado con el otro comisariado.

-Pues no sé cómo hayan trabajado con el otro comisariado, porque aquí lo que necesito son bases. ¿Dónde están los contratos que se hicieron? ¿Dónde están las actas de asamblea? ¿Dónde están?”

“Lo último que repartieron fueron 28 mil pesos, pero habían sacado tres días antes 40 y tantos mil pesos. Todo esto no existe ninguna documentación. Como soy nuevo voy a solicitar documentos en la RAN (Registro Agrario Nacional), me los denegaron y no pude sacar los documentos. La gente se me estaba echando encima”

“Estamos hablando de 300 millones de dólares (por los proyectos eólicos). Si cada mes nos dan 125 pesos, cada mes es 20 pesos con 80 centavos y al día nos va a salir 70 centavos por una hectárea”.

En Sinanché hay 300 mil pesos depositados en el banco, que no han sido sacados porque están buscando el origen de los mismos.

Los ejidatarios exigen un pago justo por sus tierras y ser socios reales de los proyectos de inversión o cancelar el contrato. “Que sean los ejidatarios socios reales de los proyectos de inversión y no sean nuestros bisnietos los que luchen por recuperar nuestras tierras después de un desastre ecológico, con la complicidad de funcionarios federales y locales”, expresó Julio César Balam Escamilla, gestor de los tres ejidos.

En el ejido Motul son 192 hectáreas, en el de Cansahcab son 300, en Suma son 800 y en Sinanché son mil 87 más 850.

Pedro Salas Cohuo, comisario ejidal de Cansahcab, reveló que le han ofrecido hasta 100 mil pesos en maletines por “representantes” de las empresas. Un tal Eric Roa, que no se identifica más allá del nombre, es quien le intenta sobornar con su “sabucán de dinero”, pero él rechaza la corrupción porque “estoy para defender a mi gente”.

El comisario de Motul, Arcadio Tamayo Angulo, afirmó que “no puedo hacer esas cosas, soy grande y uno piensa en sus hijos y nietos. No me gusta traicionar a mis compañeros cuando me dan la confianza de servir al ejido, mientras hacen despojo a los ejidatarios”.

El ejido que rechazó los proyectos eólicos, pero se encuentra en medio de donde planean pasar las líneas de corrientes y colocar los aerogeneradores. Aún así, las empresas han colocado torres de medición que, los ejidatarios aseguran, son ilegales. A menos de 100 metros hay una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) para venados, también apicultura y ganadería.

Los comisarios ejidales aseguraron que el trabajo del campo, de las abejas y la ganadería les reditúa más que recibir 125 pesos cada seis meses. Pero los animales corren el riesgo de perder el hábitat natural y también provocar deforestación.

[b]Por la tierra[/b]

No votan en la consulta indígena porque no hubo consulta indígena. Firman hojas en blanco. No les entregan los documentos ni los contratos ni las facturas. Pero aún luchan por sus tierras.

En la resolución administrativa se estableció que los parques eólicos Chacabal I y II, de las empresas Aldesa y Aldener, no contaban con los requisitos mínimos en el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Un grupo de ejidatarios interpuso la demanda para revisar el impacto ecológico.

En el oficio 726.4/UGA-1027/002442 del 21 de agosto de 2015, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) estableció que: existe un riesgo potencial por cuanto hace a la pérdida de hábitat reproductivo y en hibernación en varias especies endémicas y riesgo de colisiones y muertes de aves residentes y migratorios; que la información proporcionada sobre los parques eólicos no se especificó el tipo de muestreo para evaluar la presencia y el uso de hábitat de espacio de la fauna.

El único muestreo realizado no es representativo de toda la fauna que usa el sitio, porque no se realizaron muestreos en las diferentes épocas, como reproducción, migración y tránsito, dentro del ciclo anual; que era necesario evaluar el uso del hábitat principalmente de la fauna voladora, con el registro de las alturas de vuelos y también muestreos nocturnos; que no se mencionaron medidas correctivas para evitar colisiones de fauna voladora con los aerogeneradores; que era necesario un muestreo completo con las diferentes temporadas; y que son pocos los datos de muestreo, por lo que no es posible descartar el uso del hábitat por parte de ninguna especie, aunado al hecho de que la región donde se desarrollarán los proyectos presenta alta biodiversidad.

El tribunal determinó la suspensión de los proyectos tras el dictamen de la Conabio, pero el delegado de la Semarnat, Jorge Carlos Berlín Montero, aseguró que los proyectos cuentan con los permisos ambientales. Sin embargo, su dependencia no interpuso recursos contra la resolución emitida por el tribunal.

El proyecto de Sinanché se establecerá cerca del poblado de San Cristano, una zona de mangles y especies endémicas de la región. Los ejidatarios temen que puedan ser dañados o, incluso, perder la biodiversidad.

Los ejidatarios en la rueda de prensa declararon que las empresas se han acercado a los comisarios ejidales salientes para que éstos ejerzan convenzan al pueblo de apoyar los proyectos.

Manifestaron que se han realizado contratos amañados por 30 años, prorrogables por dos períodos del mismo tiempo, es decir hasta 90 años, que sólo convienen a sus intereses, porque no son transparentes y constituyen un robo de las tierras ejidales mediante engaños y actos fuera de la ley.