Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Jueves 14 de septiembre, 2017

A una semana que el gobierno del estado, junto con organizaciones de la sociedad civil, recibiera recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres (Conavim), colectivos de la sociedad civil exigieron a la autoridad estatal que anuncie de inmediato cómo, cuándo, dónde y con qué se empezaría a trabajar con las recomendaciones que propiciaron la solicitud de Alerta de Violencia de Genero.

En rueda de prensa, Adelaida Salas Salazar, Nancy Walker Olvera, Bertha Elena Murgía, Ligia Vera Gamboa y Gina Villagómez Valdés presentaron 10 puntos que a su parecer deben ser atendidos de manera inmediata por parte del gobierno estatal.

Indicaron la necesidad de diseñar e implementar un programa de profesionalización a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres, desde un enfoque de género e interculturalidad.

“Este debe de ser supervisado y evaluado. Igualmente se recomienda incorporar al Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Actuación Ministerial a aquellas OSC cuyos perfiles y experiencia se encuentren estrechamente vinculadas a los derechos humanos de las mujeres y la perspectiva de género”, señalaron.

Propusieron crear, en conjunto con todas las instancias involucradas en la atención y sanción de la violencia contra las mujeres, una base de datos estatal que contenga categorías específicas que ayuden a entender la dimensión y características del fenómeno.

“Con el trabajo conjunto de especialistas en género, victimología y derechos humanos, y violencia de género, se llama diseñar e implementar un modelo único de atención integral para las mujeres víctimas de violencia en el estado” puntualizaron.

Manifestaron la urgencia de realizar un programa de profesionalización en materia de derechos humanos de niñas y mujeres, para servidores públicos encargados de la atención y prevención de la violencia con el fin de fortalecer sus capacidades para brindar una atención adecuada.

“Realizar programas de capacitación para la aplicación efectiva de la NOM-046 para el personal médico y de enfermería y otras personas de contacto directo. Es importante contar con manuales de procedimiento y operación, con perspectiva de género e interculturalidad, que aseguren la atención adecuada del personal médico y administrativo con el fin de erradicar otros tipos de violencia como la obstétrica., expusieron.

Asimismo, demandaron y reformar la normatividad en diversos ordenamientos jurídicos que protegen el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, garantiza la igualdad entre ambos sexos, además de proteger a grupos vulnerables dela discriminación y a la familia.

“Se debe prestar especial atención a las modalidades de violencia contra las mujeres que se presentan en el estado y generar información que permita prevenir y erradicar el embarazo en la niñez y la adolescencia, así mismo, es importante incluir contenidos que busquen romper con los estereotipos que normalizan la violencia hacia las mujeres al igual que comunicar cuáles son las instancias que ofrecen atención y acceso a la justicia

De la misma manera consideraron que los ayuntamientos y el ejecutivo estatal deben destinar recursos suficientes a los programas y acciones dirigidos a la equidad de género y a prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres.

“Se deben realizar dos diagnósticos importantes a nivel estatal para comprender la situación actual del estado. Estos deben incluir datos de perspectiva de género e interculturalidad. Uno sobre violencia familiar y otro sobre embarazo en la niñez y la adolescencia. El objetivo de estos es incidir positiva y constructivamente en la elaboración de políticas públicas”, insistieron.

Demandaron la resolución de los casos de feminicidios y homicidios dolosos con perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos, garantizando a víctimas y familiares el acceso a la justicia y reparación integral.

“Se deben revisar las posibilidades de reapertura de los casos reportados con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y garantizar la reparación integral del daño de los casos consignados ante autoridad judicial, así como medidas de re-educación a agresores”, finalizaron.


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