Katia Rejón
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Lunes 24 de julio, 2017

En el 2016 la Secretaría de Salud fue señalada como la quinta autoridad con mayor incidencia en violaciones a derechos humanos. Sólo por debajo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Educación (SEP) y el municipio de Tekax, los cuales están en los primeros lugares en denuncias según comentó en entrevista, José Enrique Goff Ailloud, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).

[b]¿Cuáles son las principales faltas en las que incurren las instituciones de salud pública?[/b]
En el 2016 recibimos 53 quejas en contra de personal administrativo y médico de la Secretaría de Salud. Los principales hechos violatorios que se le atribuyen son: la negativa o inadecuada prestación de servicio médico, negligencia, discriminación, violaciones al derecho al trato digno, a los derechos del niño, entre otras. Se emitieron cuatro recomendaciones a la Secretaría de Salud y una general en materia de violencia obstétrica, debido a las inoportunas atenciones médicas que se les brindaba a las mujeres y que en algunas ocasiones provocó la muerte.

En lo que va de este año, hemos registrado 16 quejas en contra de la misma Secretaría, y hemos emitido dos recomendaciones, los hechos violatorios siguen siendo los mismos.

[b]Supervisión a los centros de salud[/b]

Con base en las atribuciones que nos confiere la ley, hemos realizado supervisiones a la mitad de los 115 centros de salud del estado. Cerca del 80 por ciento brindan atenciones sólo de lunes a viernes y atienden urgencias los sábados y domingos, cuando no debería ser así. Deberían trabajar las 24 horas todos los días. El 95 por ciento ha manifestado atender a población mayahablante, pero únicamente el 60 por ciento cuenta con personal para traducir del maya al español. Esto provoca que haya un mal diagnóstico al paciente en muchas ocasiones. Es importante fortalecer el personal médico que hable maya para atender a comunidades mayahablantes.

Otro tema es el abastecimiento que, si bien ha mejorado, sigue siendo inestable. A veces tardan hasta dos meses en reabastecer los medicamentos. Los espacios físicos resultan insuficientes en la mayoría de los centros de salud porque tienen áreas compartidas como sicología y nutrición. En muchos casos la infraestructura está descuidada, así como el equipo médico, instrumentos quirúrgicos y equipos de diagnóstico en mal estado. Sobre todo en el caso de Sanahcat, Halachó, Tecóh, Ticul, Xcanchakán, San Simón, Cenotillo y Calcehtok.

Los mejores centros de salud son los de Sisal, Chuburná, Espita y Progreso, que destacan por tener infraestructura adecuada y material idóneo para poder atender.

[b]¿En qué consisten las recomendaciones?[/b]

Las recomendaciones piden la sanción para el médico que incurrió en la inoportuna prestación de servicio, la reparación del daño en caso de que haya un fallecido, o en la reparación del agraviado, en el caso en que no haya un deceso, y sanción al servidor público. Tambiénmendamos capacitación, sensibilización, talleres, buscando mayor sensibilidad en los médico recos. Es una realidad que cada vez existe una mayor demanda de los servicios de salud, cada vez más gente conoce sus derechos y los hace valer. Y estamos para que la ciudadanía que haya sido víctima de negligencia médica o autoridad, se acerque a denunciarlo.

[b]¿Hay algún proceso penal en contra de médicos por negligencia?[/b]

Hemos presentado cuatro denuncias penales por negligencias médicas de hechos que, además de ser presuntamente violaciones a derechos humanos, a nuestro parecer pudieran constituir la comisión de algún delito. Hemos presentado las denuncias penales correspondientes.

[b]Cuando realizaron recomendaciones a penales por denuncias de violación a los derechos humanos, ¿qué sucedió? ¿hubo algún progreso?[/b]

Muchas de las quejas en las cárceles tienen que ver con trato digno y el personal acude inmediatamente para conciliar con la autoridad a los responsables y se restituyen de manera inmediata.

Las recomendaciones que hemos dado han sido atendidas en algunos puntos. Hacemos un diagnóstico aplicando una guía nacional de supervisión para las condiciones de derechos humanos y dignidad en los penales. Yucatán se ubica en promedio en el número 10 a nivel nacional con una calificación de 6.94 teniendo en cuenta los cuatro centros de reinserción social.

[b]Recomendaciones a la Secretaría de Salud[/b]

En el caso de la Secretaría de Salud, las recomendaciones fueron aceptadas, y vemos con muy buenos ojos el hecho de que se esté construyendo un nuevo hospital materno e infantil, lo que ayuda a garantizar a las mujeres su derecho de salud y, por supuesto, su derecho a la vida. Cada año vamos realizando las supervisiones, tanto en centros de salud como en los centros de reinserción del estado.

[b]¿Qué sucede con las parteras tradicionales que denuncian discriminación por parte de autoridades de salud? Específicamente por el caso de Sara Forrest.[/b]

Le hemos dado seguimiento a su caso. El problema es que tiene todos los estudios de Estados Unidos. Sin embargo, éstos no han sido revalidados por instituciones mexicanas, por lo tanto cuando ella trae al mundo a los niños y los llevan a registrar, no tiene una cédula profesional que pueda acreditar que los vio nacer. La Secretaría de Salud no los registra porque esto puede prestarse al tráfico de niños. Lo que hicimos fue ayudarla para que traduzca sus documentos y, posteriormente, mandarlos a la SEP para que se le otorgue una cédula como partera tradicional. Situación que no pasa con las parteras de Yucatán que sí tienen una validación.

[b]¿Qué opina acerca del nuevo Sistema Anticorrupción que entró en vigor hoy? ¿Cree que esto influya de alguna manera en las demandas de violación a derechos humanos por parte de las autoridades?[/b]

Consideramos que lo que verdaderamente va a combatir la corrupción no son más leyes, sino que se combata la impunidad, eso va a erradicar lo corrupción. Que se apliquen las leyes que están vigentes. Nosotros nos pronunciamos a favor de la racionalización de las penas: que sean penas racionales, pero que no haya impunidad. De nada sirve tener una sentencia a un feminicidio por 50 años si a los feminicidas no se les detiene.

En México hay una estadística a nivel nacional de que más del 98 por ciento de los crímenes quedan impunes de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aquí siempre hemos dicho: penas racionales, pero que se apliquen.


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