La Jornada Maya
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
Mérida, Yucatán
Jueves 11 de mayo, 2017
Mediante un comunicado de la asociación civil [i]Equipo Indignación[/i], se dio a conocer que la Justicia Federal concedió un nuevo amparo en el caso de Roberth Tzab, quien murió, hace ya casi siete años, en una celda de Tekax en condiciones que "obligan a sospechar" tortura. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha investigado el caso.
La AC destaca que se ha impuesto una nueva denuncia pública en el mismo municipio, por el mismo crimen.
El Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito ordenó a la FGE concluir la investigación y le dio un lapso de tres meses para hacerlo.
[i]Indignación[/i] dio a conocer que desde hace siete años, la FGE cierra reiteradamente la investigación. Tanto la asociación como los familiares de Roberth Tzab, a través de recursos jurídicos, amparos y revisiones, exigen continuar la investigación y hacerlo de acuerdo con los protocolos para investigar tortura.
El año pasado, policías de Tekax fueron filmados cuando torturaban a una persona y el video circuló en redes sociales. El Congreso del estado formó una comisión para el caso pero se negó a entrevistar al alcalde de Tekax. Del mismo modo, la Comisión de Derechos Humanos estatal (Codhey) emitió una recomendación pero omitió referirse a la tortura perpetrada en contra del policía que difundió el video.
En mayo de 2016, la tortura perpetrada por policías municipales también arrebató la vida a un joven de Temax, informó [i]Indignación[/i], y falleció otra persona en los separos de la policía, en Mérida.
“El gobernador del estado y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública presumen la tranquilidad del estado sin inmutarse ante el flagelo de la tortura que persiste en Yucatán, sin enfrentar uno de los crímenes más ominosos, sin rendir cuentas, sin investigar, sin sancionar y sin establecer las medidas para erradicar la tortura”, acusó [i]Equipo Indignación[/i]. “Se muestran leales a los policías que torturan, los respaldan, los defienden y defraudan a la sociedad”.
De igual modo, reclaman “la tibieza” de la Codhey, y exigen que sus recomendaciones cuenten con la “determinación y el fundamento que el caso requiere, publicitarlas, señalar a los responsables y convertirlas en instrumento para generar conciencia y erradicar este crimen”.
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