Impunes, abusos de la autoridad en caso Chablekal

Paul Antoine Matos
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 03 de mayo, 2017

Un año después del uso excesivo de fuerza, allanamientos a una iglesia y domicilios particulares, golpes, amenazas e insultos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán en la comisaría meridana de Chablekal, los hechos siguen impunes y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) apenas otorgó una “tibia” recomendación, declaró el grupo [i]Indignación [/i]a través de un comunicado.

Hace un año, alrededor de 300 elementos de la SSP acudieron a Chablekal para desalojar a un anciano de su hogar por un conflicto familiar; sin embargo, pobladores de la comisaría salieron en su defensa, lo que provocó que la tensión escalara y se rompiera con un enfrentamiento.

Los habitantes de Chablekal, con piedras, y los policías estatales, con gases lacrimógenos, se enfrentaron el tres de mayo de 2016, que concluyó con detenidos, incluyendo a integrantes de [i]Indignación[/i], cuya sede está en esa comisaría. Fueron liberados horas más tarde, debido a la falta de pruebas presentadas por la SSP.

En su comunicado, [i]Indignación [/i]expresó que “a un año de los hechos, la impunidad persiste en un caso que recibió el repudio generalizado de la población de Chablekal, así como de personas y organizaciones del estado y del país”.

”Es un caso de uso excesivo de la fuerza que mostró la debilidad del programa Escudo Yucatán, la falta de capacitación de la fuerza pública y el desdén por los derechos humanos del gobierno de Rolando Zapata Bello, preocupa gravemente”, acusó la agrupación.

Afirmó que “la tibieza de la Codhey ante estos hechos, su tardía respuesta, así como la tolerancia que el gobierno de Rolando Zapata mostró hacia agentes que violentaron derechos humanos y su propia participación al autorizar el operativo resultan una alarma”.

También que "Yucatán, lamentablemente, ha vivido diversos casos de abuso policíaco y, más aún, de torturas y tratos crueles. El gobierno, de forma reiterada y contumaz, desatiende recomendaciones, comunicaciones y exigencias que ponen en riesgo a la población ante abusos de poder”.

[i]Indignación [/i]señaló que es “una obligación incumplida para este gobierno respetar los derechos humanos, sancionar a responsables de violentarlos y combatir la impunidad”.

Declaró que la Codhey “tampoco se refirió adecuadamente a las detenciones arbitrarias ni calificó el ataque contra defensores e incluso parece atribuirse funciones que no le corresponden, casi como coadyuvante del Ministerio Público pero contra los agraviados al señalarlos como responsables de ilícitos, lo cual es además falso, e incluso llegó al extremo de justificar el uso de armas no letales”.