En casos de tortura, la Codhey no actúa

Paul Antoine Matos
Foto: Raúl Angulo Hernández
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Viernes 24 de marzo, 2017

En la entrega de ayer, Valentina Rosado Estrada, Monserrat Cámara Santos y René Ramírez Benítez trataron la situación de los derechos humanos en México y los jóvenes, durante su participación en una mesa panel organizada por La Jornada Maya, en el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) 2017.

Para esta segunda y última parte, los organizadores de las Jornadas de Derechos Humanos se enfocan en la situación de Yucatán, en especial los casos de tortura extrajudicial, los pueblos mayas y el papel de las universidades.

Ramírez Benítez, columnista de La Jornada Maya, señaló que en Yucatán existe falta de voluntad y capacidad por resolver las violaciones de derechos humanos, en especial la tortura extrajudicial, generalizada por los cuerpos policíacos.

“Estamos ante una clase política que no entiende lo que ve, es incapaz de verlo, y no quiere atenderlo”.

Declaró que en 2012 y 2013, la Comisión de los Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), emitió 27 recomendaciones calificadas como “tratos inhumanos y degradantes”. Sin embargo, “ninguna ha llegado a un procedimiento o denuncia por parte de la Codhey, a pesar de que la ley le da la facultad de actuar contra de las autoridades responsables”.

“Si se supone que el ómbdusman, el protector del pueblo, no hace su trabajo, ¿cómo la ciudadanía se sentirá invitada a participar en las instituciones de procuración de justicia?”, cuestionó.

Consideró preocupante que dentro de la población carcelaria de la entidad, desde hace cinco años, el 16 por ciento está en espera de una condena, pero la Codhey no se posiciona al respecto.

El 73 por ciento de los delitos quedan en el olvido, señaló Ramírez Benítez. La mayoría de lo que sucede en el estado no se castiga.

Por su parte, Valentina Rosado Estrada recordó que en 1986, México ratificó la convención contra la tortura extrajudicial, pero los agentes de la Fiscalía General del estado desconocen los parámetros aceptados en el país.

[b]Universidades secuestradas[/b]

Rosado Estrada afirmó que en Yucatán, las universidades privadas tienen “más valores de servicio a la comunidad que una pública”, porque las últimas cayeron en “una apatía e inacción”, a pesar de que tienen más presupuesto para actuar.

Aseguró que “los partidos políticos tienen secuestrada la participación estudiantil. Los tintes y colores que tienen en sus sociedades han hecho que la gente no sea consciente de la realidad y sólo tengan una visión egoísta del bien propio”. Debido a ello, los jóvenes se muestran apáticos, y no se dan cuenta de lo que sucede en su entorno.

“Recae una disfunción en la academia para el bien común. 500 pesos por votar por ti para pagar el platillo de graduación es ridículo”, manifestó. Las Sociedades de Alumnos están “manchadas” y son “usadas como capital político, las barreras se caen. Desde ahí comienza la cadenita de malos políticos”, expresó.

Por su parte, Ramírez Benítez señaló que las universidades de hoy en día forman profesionistas y no ciudadanos. Existen instituciones en las que sólo se vive la política, con facultades que hacen eventos, pero no solucionan, señalan o piensan. Se “pervirtió” el sentido de crear ciudadanos, acusó: la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) no tiene transparencia en sus Sociedades de Alumnos, en la que estudiantes manejan recursos públicos de forma discrecional, pero se ignora qué ocurre con ello.

“El día que veamos una transparencia real, los ciudadanos serán otros. También tienen que ser transparentes con los recursos que manejan”, señaló, pues de acuerdo con Monse Cámara, “todos los movimientos importantes que generaron un cambio en las instituciones surgieron de las universidades”.

[b]Contradicciones con los mayas[/b]

Rosado Estrada declaró que aunque “Yucatán es muy orgulloso de sus raíces, lamentablemente ahí se queda. El gobierno celebra la cultura, hace miles de fiestas, pero no los protege [a los mayas]. Es una hipocresía que indigna”. Lamentó que el gobierno y el sector empresarial se junten para despojar a los mayas de sus territorios, lo que pone en riesgo la vivienda, la salud y la integridad de las comunidades al ser desplazados.

Es necesaria la integración en los procesos penales y judiciales, porque en muchas ocasiones no saben español, por tanto los agentes deben estar capacitados para la traducción, señaló.

Al respecto, René Ramírez declaró que el grupo con mayor incidencia a ser discriminados son los indígenas, y que falta representación en el sector empresarial y político.

“¿Cuántos de los grandes empresarios y las familias de élite tienen ascendencia maya? ¿Cuántos en el Congreso del Estado? No hay una inclusión en la sociedad, y se refleja en las políticas públicas”, expresó.

Consideró que “para la clase política yucateca, hacer a un lado es solucionar. No decir cosas sobre ciertos grupos, no tocar el tema, es resolver las cosas”.

Por su parte, Monse Cámara recordó que en la discusión sobre la siembra de transgénicos, los mayas no han sido consultados sobre lo que sucederá con sus tierras, con pros y contras, porque las empresas transnacionales no cumplen con los mínimos estándares nacionales e internacionales.

[b]Otros temas[/b]

René Ramírez lamentó que entre la juventud yucateca no haya espacios para la participación política, a excepción de aquellos que son familiares de gobernadores o senadores. “Sesgan la oportunidad a otros jóvenes con ganas, propuestas e intelecto, así como cualidad del servicio”, declaró.

Como conclusión, Valentina Rosado reconoció que a la generación pasada, en cuestiones de derechos humanos, le tocó “la guerra en el campo”, en la cual protestaban y ponían en riesgo su integridad física.

“Ahora nos toca usar los medios actuales para combatir la desigualdad. Nos toca accionar, entrar al sistema político, informarnos”, finalizó.