Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Infolliteras
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Lunes 20 de febrero, 2017

La empresa Asesoría Proser S.A. de C.V. enfrenta un conflicto en tres frentes a causa de uno de sus proyectos, el que ejecuta en el municipio de Chocholá. Entre la exigencia de los ejidatarios para renovar el convenio de usufructo, sendas denuncias ante el Tribunal Agrario y la Fiscalía General del Estado, y la falta de permisos por parte de las secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el trabajo de extracción de material pétreo continúa. El caso es ejemplo de cómo procede la llamada reindustrialización de Yucatán, no sólo ambientalmente, sino en términos sociales, legales y jurídicos.

[b]Los trabajos y los días[/b]

El rumor ensordecedor de una trituradora y de un inmenso trascabo moviéndose con agilidad en las profundidades de una excavación de Proser S.A. de C.V., en Chocholá, a un costado de la carretera a Campeche, se escucha entre la abundante vegetación de la zona, atravesada por la recientemente remodelada vía férrea que conectará a la proyectada cementera (ahora se dice una calera o fábrica de cal viva) anunciada por el gobernador Rolando Zapata Bello en su tercer informe de gobierno.

El trascabo mueve toneladas de material acumulado, salido tras excavar en las 24 hectáreas en poder de Carlos Abraham Mafud, en gigantescas montañas. En la superficie, ubicada en el cinturón de cenotes del estado, habitan venados cola blanca, pavo de monte, pecarís, tejones, temazates (pequeño venado de color rojizo), entre otras especies.

La superficie es explotada por lo menos desde 2010. De 2010 a 2013, Proser pagó 280 mil pesos a los 560 ejidatarios por explotar seis hectáreas del banco de material, tocándoles 500 pesos por cabeza. Versiones no confirmadas indican que anteriores comisarios podrían haber vendido 3 mil 500 hectáreas más y que podrían haber cobrado hasta 70 millones de pesos, lo que explicaría ciertos bienes visibles (como casas y autos) de ellos y de sus allegados, según dicen ejidatarios.

[b]Trabajo sin convenio[/b]

Proser, después 2013, ha seguido explotando el banco sin renovar el convenio con el ejido de Chocholá. Un cálculo aproximado del costo al que se vende el metro cúbico de material (800 pesos) da 960 millones de pesos obtenidos por Proser en los últimos años, nos señalan los ejidatarios. Al respecto, Proser se negó a darnos cualquier dato, a pesar de que en dos ocasiones llamamos a sus oficinas en Mérida. El apoderado legal no contestó una primera vez y en la segunda llamada nos dijeron que estaba de vacaciones.

En Proser aparece Raúl Abraham Mafud (hermano de Carlos) como uno de los accionistas junto con Carlos Aguilar Bates, Jorge Raúl Ancona Riestra, Manuel Bates Vidal y Mercedes Bates Vidal. Es decir, todo queda en familia.

[b]Problemas con el ejido[/b]

Carlos Abraham Mafud aparece como titular de la totalidad de los derechos de la parcela número 632 del ejido de Chocholá, donde se ubica el banco de extracción de material pétreo (y ahora también la calera en construcción y sin permisos de Semarnat o Seduma), en un contrato de usufructo que, por no estar debidamente registrado en el Registro Agrario, fue impugnado por el nuevo comisariado ejidal, abriendo un conflicto entre los poderosos empresarios y los ejidatarios. Proser ha sido denunciada ante el Tribunal Agrario, pero también penalmente ante la Fiscalía General del Estado.

Sobre el nuevo comisariado ejidal, encabezado sorpresivamente por una mujer de nombre Claudia Cob Durán, y un grupo de ejidatarios, pesa la acusación de pretender “extorsionar” a los propietarios de Proser por 12 millones de pesos y de “dañar” un vehículo. Como prueba, Proser presentó los testimonios de los vigilantes de la misma empresa. Siete ejidatarios (varios de ellos ancianos) que se manifestaban en el ingreso del predio fueron detenidos y llevados en seis patrullas de la SSP el pasado 5 de enero en un despliegue policiaco claramente intimidatario. En la denuncia se afirma que estas personas impedían el acceso al banco de material por órdenes de Rodolfo Bernardo Macossay (abogado) y de Cob Durán. Asimismo, se asegura que amenazaron con hacerles la vida imposible y que si no pagaban nunca iban a recuperar las máquinas. Sin embargo, la calera está funcionando sin problemas, como pudimos constatar.

A los ejidatarios los pasearon hasta el municipio de Maxcanú, donde fueron posteriormente liberados, no sin antes decirles que “esta primera detención había sido solamente una advertencia”. El procedimiento legal contra ellos en la FGE sigue su curso legal.

Según explicaron los ejidatarios, la denuncia contra Proser ante el Tribunal Agrario y la FGE es por carecer de contrato o concesión con el ejido. La denuncia penal fue interpuesta por la comisaria en diciembre pasado, antes de la denuncia por extorsión con la que reviró Proser.

De hecho, Ignacio Salgado García, apoderado legal de Proser, se acercó personalmente a dialogar en un inicio con el nuevo comisario ejidal y reconoció verbalmente que no tienen permiso. En un principio, se dijo que debían llegar a un arreglo.

[b]El impacto ecológico[/b]

“Nosotros queremos nos paguen una indemnización y que reforesten en la zona”, dice Claudia Cob. “Ellos dijeron que sí lo harían, pero les salió el trabajo de las líneas férreas y afirmaron que por eso no han reforestado. Ellos querían pagar únicamente 40 mil pesos por las hectáreas que han explotado sin un contrato, ya que todo fue de palabra para la concesión del 2010 y 2013, pero del 2013 al 2016 el convenio no fue renovado”, nos dice.

El asunto se complica aún más, debido a que ahora se construye una calera en el mismo sitio. Ésta no tiene permisos para construirse, según confirmó la Seduma, a pesar de lo cual ya arrasaron con toda la selva que allí había y comenzaron a sentar las bases de diversas estructuras. En las inmediaciones, los campesinos tienen numerosos apiarios, en riesgo de pérdida, así como plantaciones de diversos tipos, aguadas donde abrevan venados y otras especies.

La extracción de material pétreo ha dejado al descubierto el manto freático, como hemos podido documentar [i]in situ[/i]. El inmenso banco, anteriormente cubierto de selva baja caducifolia, que en algunos puntos alcanza los 10 metros de profundidad, nutre de grava a las vías de ferrocarril que se están reconstruyendo en Yucatán. Proser obtuvo este contrato, junto con otros, en una entidad en pleno proceso de reindustrialización basada en la explotación de los recursos locales de forma no sustentable y con muy escasos beneficios para la población local, como evidencia el caso de Chocholá.


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