La Jornada Maya

Texto y foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 14 de febrero, 2017

El diputado federal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rogerio Castro Vázquez, señaló que al interior de la secretaría general de Educación de Yucatán, existe opacidad en el manejo de recursos por más de 3 mil millones de pesos, además de que directivos de alto nivel fueron colocados en puestos clave para operar en favor del Partido Revolucionario Institucional, con el fin de promover una virtual candidatura de Víctor Caballero Durán.

En rueda de prensa el legislador yucateco denunció que es objeto de acoso por parte de funcionarios de la Segey, quienes les han negado su licencia a la plaza que ostenta como docente; sin embargo, rechazó que la denuncia del millonario desvío se trate una revancha contra la autoridad educativa.

Castro Vázquez expuso que a partir de las denuncias públicas de 700 trabajadores sobre la falta de pago, realizó una investigación respaldada por el equipo técnico de la Comisión de Transparencia, para determinar el porqué de la retención del pago; reveló que tras la indagatoria descubrieron que la mitad de la nómina de los trabajadores del magisterio no puede ser consultada de manera pública y que encontraron personas que cobran hasta 100 mil pesos mensuales.

Asimismo, denunció que existen familiares de funcionarios laborando en la Segey sin que se conozca a ciencia cierta si las plazas las obtuvieron durante la actual administración.

Estableció que el presupuesto para la dependencia aumentó en un 8 por ciento, mientras que el despacho del secretario tuvo un incremento de casi el 300 por ciento, y el área de comunicación social dispone de un 130 más para operar en el ejercicio del presente año.

Para el ejercicio fiscal de este año se disminuyó de manera considerable la construcción de escuelas, mientras que de manera “sospechosa” se hicieron reacomodos presupuestales en “algunos casos de más de 4 mil por ciento en el capítulo 100 de salarios, en direcciones administrativas”.

Finalmente acusó a Guadalupe Quetzal, Mario Novelo Ayuso, Gabriela Zapata, Delio Novelo Peniche, Álvaro Omar Lara Pacheco, Lourdes Caballero y Verónica Farjat de ser parte de una red de operadores políticos.


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