Detiene INAH obra en Kimbilá

La Jornada Maya
Foto tomada de Sectur

Kimbilá, Yucatán
Martes 7 de febrero, 2017

La lucha jurídica para que el patrimonio histórico de la comisaría izamaleña de Kimbilá no fuera destruido, por una decisión del ex alcalde Fermín Sosa Lugo, se cristalizó, luego de que autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ordenaron al municipio de Izamal demoler una construcción que se hizo sin consultar y que ponía en riesgo un edificio histórico: el templo de la iglesia católica de Santa Clara.

Según un boletín de prensa, emitido por la organización social Indignación, la orden de demolición es un enorme triunfo del pueblo de Kimbilá, que acudió a todas las instancias posibles para defender su derecho a decidir las obras de la comunidad y para defender su patrimonio histórico.

“Desde 2013 se logró, con un amparo, detener la construcción que el alcalde inició, a pesar de la oposición y la petición de hacer una consulta y que se reubicara el mercado; ahora que el INAH le ha dado al alcalde 60 días para demoler lo construido”, cita el comunicado.

Según los activistas, en estos más de dos años se hizo evidente el autoritarismo de la presidencia municipal de Izamal tanto como la determinación de Kimbilá de reivindicar su derecho a la consulta.

Indignación detalla que en junio de 2014, después de que la gente de Kimbilá encontró un pozo que podría ser prehispánico, en las inmediaciones de la construcción del nuevo mercado, mientras documentaban el descubrimiento, junto con integrantes del grupo Indignación, fueron agredidos por personas cercanas a la alcaldía.

“En mayo de 2015 hubo nueva agresión contra Indignación, cuyo vehículo fue prácticamente embestido por una camioneta manejada por el secretario de la comuna, Marcos Pech, cuando se encontraban en Kimbilá, documentando el desacato del alcalde a la suspensión de las obras del mercado, decretada por el INAH”, detalla el boletín.

El equipo Indignación reconoce y celebra este triunfo del pueblo de Kimbilá y exige a las autoridades de todo el estado, el respeto pleno a los derechos del pueblo maya y que las agresiones no queden impunes.