Abraham Bote
Foto: Archivo LJM
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 16 de junio, 2020

Nunca más un adulto mayor maltratado en un albergue. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) presentará una iniciativa ante el Congreso local para tener ley que regule todos los albergues privados en la entidad, independientemente de que estén enfocados en adultos mayores, niños sin hogar o tratamiento de adicciones.

Con esto se busca evitar violaciones a los derechos humanos, como sucedió con el albergue “Jesús de la Misericordia”, ubicado en barrio de Santiago, de donde fueron reubicados 19 abuelitos que se encontraban en situaciones lamentables, informó Miguel Sabido Santana, presidente de la Codhey.

Aseguró que se dará puntual seguimiento al caso para que estas personas estén en condiciones dignas y con el mejor tratamiento.

Como informamos, el gobierno del estado clausuró el pasado domingo el centro de asistencia privado para adultos mayores “Jesús de la Misericordia” y procedió a la reubicación de 19 personas que se encontraban en dicho lugar, quienes carecían de atención médica, dormían en condiciones insalubres y sin vigilancia, en un edificio en malas condiciones y que no contaba con los permisos de funcionamiento correspondientes.

Un grupo de siete ancianos fue recibido en el albergue "San Nicolás de Bari"; la mayoría llegó en pésimas condiciones, con heridas en el cuerpo, hongos, una especie de urticaria o sarna, manos hinchadas, ropa sucia y sin documentos o expedientes de su estado de salud.

Sabido Santana explicó que hasta el momento no se cuenta con una ley que regule clara y adecuadamente el funcionamiento de estos espacios. Por lo tanto, el organismo autónomo promoverá una iniciativa para el mejor funcionamiento de albergues de todo tipo, precisó.

Además de estancias para adultos, están los albergues que tienen que ver con tratamiento de adicciones, pero que funcionan de manera inadecuada e irregular. “Hay que generar una norma que regule esta situación para evitar que se vulneren derechos humanos”, enfatizó.

No obstante, no precisó cuándo presentaría esta iniciativa, pues falta “pulirla”, pero se están tomando ejemplos de otros países donde ya existe esta normatividad. Sin embargo adelantó que se trataría de una ley que involucraría a varias autoridades, secretarías, dependencias, para que entre todos, de manera multidisciplinaria, se hagan cargo de supervisar que estos albergues funcionen adecuadamente.

Aquellos que no cumplieren con la norma, agregó, sean cerrados, clausurados o sancionados con alguna multa. El caso es que quienes estén en estos espacios tengan garantizados sus derechos y un trato digno, que su estancia sea en condiciones de dignidad.

El titular de la Codhey reconoció la importancia de estos albergues, que muchas veces suplen al gobierno con su labor, y que no todos operan de manera irregular, pero insistió en que es necesaria una ley que regule su funcionamiento.

Por otro lado, indicó que la Codhey, a raíz de una queja contra el albergue “Jesús de la Misericordia” interpuso una serie de medidas cautelares al Ayuntamiento de Mérida, la Prodemefa, el DIF estatal, Secretaría de Salud, Protección Civil, entre otros, pidiéndoles informes sobre este lugar.

Aunado a esto, dijo que hicieron una inspección y constataron las pésimas instalaciones del albergue, que para alojar personas no eran las más adecuadas.

De acuerdo con el titular de la Codhey, hasta el momento no hay pruebas de maltrato físico, lo que sí es seguro son las malas condiciones del inmueble; en cuestión de seguridad, higiene y limpieza. Tampoco se contaba con personal médico, la alimentación no era balanceada; hay versiones de que los dueños administraban la pensión que algunos, pero no se ha corroborado.

Asimismo, dijo que se observó que una mujer contagiada con COVID-19 estaba aislada, encerrada en un cuarto bajo llave; le daban alimentos a través de una ventana y no tenía posibilidades de salir. La señora hacía sus necesidades en ese mismo espacio, aunado a que no recibía los cuidados necesarios para garantizar su integridad y salud.

Edición: Elsa Torres


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