La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Jueves 11 de junio, 2020

Mucho antes de los 90 días establecidos en la reciente reforma a la Constitución Política de Yucatán, para armonizar la ley local en materia educativa, el Ejecutivo del estado envió este jueves al Congreso local la iniciativa para una nueva ley de educación estatal. La propuesta contempla acciones mediante la que el sistema educativo en Yucatán garantiza la profesionalización y capacitación continua de los docentes, y que el estudiante tenga una instrucción inclusiva, humanista, multicultural e integral, en un ambiente seguro.

La iniciativa hace especial énfasis en las bases y fines de la educación, reforzando el derecho a la capacitación y profesionalización docente y, para el alumnado, fomenta su participación activa en la transformación social, así como su sentido de pertenencia y el respeto a otras personas desde la interculturalidad de nuestra sociedad.

Con esta nueva ley se pretende lograr el desarrollo integral del estudiante para que pueda formar un pensamiento crítico, fortalecer su sentido de solidaridad para combatir la corrupción, discriminación y violencia, así como participar en la construcción de relaciones sociales basadas en el respeto a los derechos humanos.

Se revaloriza el papel del docente, reconociendo su papel como agente fundamental de cambio social y estableciendo diversas consideraciones para que logre una formación continua que les permita desarrollarse personal y profesionalmente.

También se busca tomar en cuenta la participación de la comunidad escolar en la formación del estudiante, reconociendo el valioso papel que desempeñan todos los actores educativos en ese proceso, así como las decisiones que pueden tomar dentro de la misma.

Esta iniciativa contempla mecanismos y consideraciones que refuerzan el deber de la autoridad para garantizar la seguridad y salud física y mental de los alumnos, así como disposiciones que tienen como propósito reconocer a los planteles escolares como establecimientos fundamentales para la prestación del servicio público educativo y el desarrollo comunitario, buscando su dignificación.

Así, se busca implementar y aplicar protocolos de activación de manera más ágil en cuanto a atención sobre violencia emocional o sexual, maltrato infantil, discriminación, en caso de accidentes o, incluso, en caso de sustracción o desaparición de menores, como lo ha aprobado la legislatura actual recientemente.

Además, que exista una participación activa de educandos con docentes, padres de familia y actores involucrados en el proceso de la educación y como mexicanos promueve la unidad nacional, la solidaridad, el valor de la justicia, la educación bilingüe e intercultural, la tolerancia, el respeto, la educación digital y vial.

También apoya un sistema estatal de becas, créditos y estímulos para apoyar la permanencia escolar.

Los planteles escolares deberán contar con los espacios y ser operativos para los fines de aprendizaje integral y su personal docente y administrativo debe ser capacitado para apoyar el proceso educativo, incluidas personas con discapacidad.

Se retoma a necesidad de contar con trabajadores sociales para atender problemáticas de índole social, emocional ya sea de acoso o violencia psicológica o física y apoyar a quienes abandonaron los estudios para que los retomen, así como incentivar a los maestros que presten servicios en comunidades aisladas.

El consejero jurídico, Mauricio Tappan Silveira, entregó la propuesta al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Felipe Cervera Hernández, al presidente de la Comisión Permanente de Educación, Ciencia y Tecnología, Luis María Aguilar Castillo y al secretario General del Poder Legislativo, Martín Chuc Pereira.

Edición: Elsa Torres


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